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Agencias
A un año de volver a la Presidencia, Donald Trump ha fortalecido de manera inédita el poder ejecutivo, apoyado en un Partido Republicano alineado y un Congreso que apenas ha intentado frenar su agenda.
Un año después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado de forma agresiva los márgenes del poder presidencial, recurriendo a decretos, facultades de emergencia y al control político del Partido Republicano, mientras el Congreso, dominado por sus aliados, ha mostrado una resistencia mínima frente a esta concentración de poder.
Durante su segundo mandato, Trump ha difuminado los límites tradicionales de la Presidencia con el respaldo de un Gabinete plenamente leal y de un liderazgo republicano dispuesto a avalar su agenda, incluso cuando esta invade atribuciones históricamente reservadas al Legislativo y a los estados.
“El presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes del Congreso, de los tribunales y de los gobiernos estatales, y emprendió una purga de la burocracia para sustituir funcionarios de carrera por leales políticos”, escribió el analista Ian Bremmer en una columna publicada en la revista Time.
Gobierno a golpe de decreto
En apenas un año, Trump ha reconfigurado el equilibrio de poderes en Washington mediante un uso intensivo de órdenes ejecutivas, que superan las 200, cambios regulatorios acelerados y una política exterior definida desde la Casa Blanca, con escasa intervención legislativa.
El día de su toma de posesión firmó decretos que suspendieron el programa de admisión de refugiados, endurecieron las restricciones migratorias y ampliaron las facultades de los agentes migratorios para realizar detenciones, concentrando decisiones que antes requerían procesos más largos y consensuados.
También ordenó una reducción drástica del tamaño del Gobierno federal y recortó la asistencia internacional, desmantelando organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, sin aprobación del Congreso.
Uso extensivo de poderes de emergencia
Trump declaró una emergencia nacional por migración irregular y tráfico de fentanilo, lo que le permitió imponer aranceles a importaciones provenientes de Canadá y México, posteriormente ajustados, utilizando facultades ejecutivas para redefinir la política comercial y de seguridad.
Estas medidas se sustentaron en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que también ha sido empleada para respaldar su ofensiva comercial contra otros socios de Estados Unidos. Varias de estas acciones han sido impugnadas en tribunales federales y han llegado a la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse.
Acciones militares sin supervisión legislativa
En una ruptura con prácticas anteriores, Trump ha ordenado operaciones militares sin notificar previamente al Congreso. Entre ellas destacan ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, con un alto número de víctimas.
Las irregularidades denunciadas en la primera de estas operaciones derivaron en investigaciones legislativas que no lograron frenar la llamada Operación Lanza del Sur, bajo la cual continúan los bombardeos.
A ello se suma el ataque sorpresa en Caracas que culminó con la captura y traslado del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York, sin autorización expresa del Congreso. Trump justificó la falta de notificación previa por el riesgo de filtraciones.
Estas decisiones han provocado críticas de líderes demócratas en ambas cámaras, que acusan al presidente de exceder sus facultades de guerra, en una línea similar a los bombardeos ordenados previamente contra infraestructuras nucleares en Irán.
Un Congreso complaciente con fisuras aisladas
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el peso conservador en el Senado han permitido a Trump avanzar su agenda con un bajo costo político, bloqueando intentos de supervisión y rechazando iniciativas para limitar el uso de emergencias y decretos presidenciales.
No obstante, han surgido episodios aislados de inconformidad, como rebeliones internas en votaciones sobre gasto público y críticas bipartidistas por la falta de información sobre operaciones militares. Hasta ahora, estas tensiones no han derivado en una coalición sólida capaz de contener la expansión del poder presidencial.
