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Agencias
La Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional que establece un tope a las jubilaciones del personal de confianza en instituciones públicas, en medio de manifestaciones de jubilados y cuestionamientos de la oposición por posibles efectos retroactivos.
El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad, con 458 votos a favor, luego de haber recibido previamente el respaldo del Senado. La propuesta modifica el artículo 127 constitucional para fijar que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
La iniciativa impulsada por el gobierno federal también establece que contratos y disposiciones laborales no podrán otorgar beneficios por encima de ese límite. Sin embargo, quedan fuera de esta medida las Fuerzas Armadas, así como pensiones provenientes de aportaciones voluntarias o esquemas sindicales complementarios.
Desde el Morena, se defendió que la reforma no elimina derechos, sino que busca erradicar privilegios financiados con recursos públicos y fortalecer la política de austeridad. En la misma línea, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo respaldaron el proyecto al considerar que el sistema no debe permitir excesos.
Por su parte, partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano coincidieron en la necesidad de eliminar pensiones elevadas, pero advirtieron riesgos legales si la reforma afecta a personas ya jubiladas.
Legisladores como Noemí Luna alertaron sobre la retroactividad, mientras César Domínguez calificó la medida como lesiva para derechos adquiridos. En tanto, Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes señalaron que podría generar amparos e incertidumbre jurídica.
Incluso desde el propio oficialismo, Lilia Aguilar planteó ajustes para evitar que la norma se aplique de forma retroactiva a quienes ya cuentan con una pensión legalmente obtenida.
Tras su aprobación en lo general, el proyecto avanzó a la discusión en lo particular. Al tratarse de una reforma constitucional, aún deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación oficial.
