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*•* Jesús Manuel Argáez aclaró que la porción declarada inconstitucional fue suprimida desde abril de 2025 por el Congreso; el Gobernador Javier May reconoció en su oportunidad dicha modificación
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Tabasco, Jesús Manuel Argáez de los Santos, aclaró que el artículo 160 BIS del Código Penal del Estado, el cual fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, ya había sido reformado desde abril de 2025 a partir de una solicitud del Gobierno del Pueblo, por lo que la porción normativa señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualmente ya no existe.
Explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso en su momento una acción de inconstitucionalidad contra el primer párrafo de dicho artículo −vigente desde la anterior administración−, al considerar que contenía una redacción ambigua que se prestaba a interpretaciones discrecionales. Sin embargo, precisó que el artículo fue modificado el 2 de abril de 2025, eliminando la frase “o cualquier otra manifestación pública”, que era el elemento que generaba confusión y abría la posibilidad de sancionar expresiones sociales de manera arbitraria.
“El artículo vigente actualmente es completamente constitucional. Estamos en espera de la notificación de la Suprema Corte para reiterar que no existe materia legislativa, ya que la disposición impugnada fue corregida desde el año pasado”, señaló.
Cabe recordar que, el 24 de marzo pasado, la SCJN invalidó la porción normativa de dicho artículo que incluía la frase “o cualquier manifestación pública”, al considerar que su amplitud permitía a la autoridad determinar de manera arbitraria qué expresiones podían ser sancionadas, lo que representaba un riesgo para el ejercicio de derechos fundamentales. En este contexto, el consejero jurídico subrayó que la administración encabezada por el Gobernador Javier May Rodríguez mantiene un compromiso firme con la protección de la libertad de expresión, al tratarse de un derecho humano fundamental y constitucional.
Reiteró que el Gobierno del Pueblo respalda plenamente el ejercicio de este derecho y vigila que la normatividad vigente sea acorde con los estándares constitucionales, garantizando que la ciudadanía pueda manifestarse libremente dentro de un Estado de Derecho. Por ello, desde que asumió su mandato, May Rodríguez solicitó el análisis de dicho asunto y más tarde la propuesta de reforma que fue aprobada responsablemente por la LXV Legislatura.
