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El sueño de consolidar un patrimonio familiar se ha transformado en una severa crisis financiera para miles de derechohabientes en el estado. Tabasco se ha posicionado de manera oficial en el primer lugar nacional en morosidad de créditos del Infonavit, acumulando un total de 13,727 expedientes clasificados en Etapa 3, la categoría de mayor riesgo de impago por acumular más de 90 días sin aportaciones.
Esta situación compromete directamente la estabilidad de las familias tabasqueñas, con un boquete financiero en la cartera vencida estatal que asciende a 6,821 millones 238 mil 058 pesos.
El epicentro del impago en el país
Mientras el Índice de Morosidad (IMOR) a nivel nacional se sitúa en un ya encendido 21.1%, las cifras publicadas por medios como el diario Tabasco HOY revelan que la cartera vencida de alto riesgo en Tabasco se dispara hasta el 31.41%. Esto sitúa al estado diez puntos por encima de la media mexicana.De forma paralela, el mercado formal de vivienda en el estado muestra señales de estancamiento.
Durante el periodo de análisis, la colocación de nuevos financiamientos para adquisición inmobiliaria cayó un drástico 60% en territorio tabasqueño, limitándose a apenas 4,512 créditos otorgados. Los analistas locales atribuyen este fenómeno al hecho de que el costo de la vivienda avanza de manera acelerada frente al rezago generalizado de los salarios formales.
Estrategia federal sin desalojos
A nivel macro, la cartera vencida total del Infonavit ronda los 410,000 millones de pesos, duplicando el balance de riesgo registrado por la totalidad del sistema bancario privado comercial. Ante este panorama, la administración federal ha implementado una política estricta de no desalojos.
El director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, detalló en conferencias recientes que el foco central del organismo se ha desplazado hacia esquemas masivos de reestructuración legal de deudas. La meta prioritaria consiste en regularizar a los usuarios mediante programas como el Fondo de Protección de Pagos (seguro de desempleo) o el Dictamen de Capacidad de Pago, orientados a congelar saldos vencidos y reajustar las aportaciones mensuales a los ingresos reales de los trabajadores en activo.
