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Washington llamó ayer a sus aliados internacionales a «poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura» del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
«Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas» advirtió Rubio.
La votación en la Asamblea Nacional nicaragüense «erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua», denunció el jefe de la diplomacia estadounidense.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de millas de exiliados.
Washington ha aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.
«La Administración Trump sigue comprometida a identificar e implementar para abordar las violaciones de derechos humanos del régimen de Murillo-Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos», añadió el texto.
Estados Unidos y sus aliados regionales lograron que la OEA aprobara el 19 de agosto la convocatoria de una reunión «urgente» de cancilleres de la región, una medida inusual.
La OEA celebrará un Consejo Permanente hoy para abordar la fecha y el lugar de ese encuentro.
LA TRAMA POLÍTICA
El Parlamento nicaragüense volvió a reformar la Constitución para impedir que los opositores se presenten a elecciones, un movimiento que supone una vuelta de tuerca más al control prácticamente absoluto que ejerce el gobierno de Ortega.
La reforma, sin embargo, no anula los comicios, como había pedido recientemente Ortega en unas declaraciones que alarmaron al mundo.
Según explicó el diario oficialista El 19 Digital, la reforma a la Carta Magna aprobada por la Asamblea establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos los «golpistas» y “traidores a la patria”. Además, alarga el mandato presidencial y de otros cargos populares de seis a siete años.
También contempla que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua.
Desde la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018 el gobierno nicaragüense ha reescrito la Constitución restringiendo cada vez más las libertades hasta anular la división de poderes y oficializar el paramilitarismo y la represión, según ha denunciado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las autoridades han encarcelado a políticos contrarios a sus ideas y líderes religiosos y han clausurado organizaciones de la sociedad civil.
