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ECATEPEC, Estado de México.— En un fallo histórico que ha encendido la indignación de la comunidad evangélica y de colectivos feministas, un juez del Estado de México sentenció a seis años de prisión a Ernesto ‘N’, pastor del Centro Cristiano de Ecatepec, tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual agravado.
La pesadilla de la víctima, Jessica Elizabeth, comenzó cuando acudió a su congregación en busca de auxilio espiritual y emocional. Jessica intentaba escapar de las agresiones físicas y humillaciones de su entonces pareja, Rogelio ‘N’, quien también era miembro activo de la misma iglesia.
En lugar de encontrar un refugio seguro, la víctima topó con una red de sometimiento. Según las indagatorias, el pastor Ernesto ‘N’ y otros líderes religiosos utilizaron argumentos basados en la fe, la culpa y la sumisión para silenciarla, obligándola a volver con su agresor bajo la premisa de «salvar su matrimonio». Fue en este contexto de vulnerabilidad extrema donde el pastor consumó el abuso sexual.
Pese al pacto de silencio, se logró la justicia
El proceso penal, que arrancó formalmente en diciembre de 2023, estuvo plagado de obstáculos institucionales y presiones comunitarias. Jessica denunció públicamente haber enfrentado trabas burocráticas, acoso por parte de sus primeros asesores legales e incluso una orden de restricción de palabra (exhorto de silencio) que buscaba impedir que ventilara el caso en medios de comunicación.
Sin embargo, tras casi tres años de batalla legal, la justicia mexiquense dictó el fallo condenatorio. Cabe destacar que la expareja de la víctima, Rogelio ‘N’, ya había sido vinculado a proceso por violencia familiar en mayo de este mismo año.
Una red bajo la lupa
Este centro religioso forma parte del Centro Cristiano Misiones Transmundiales, una organización que cuenta con más de 100 sedes distribuidas en México y Estados Unidos. A raíz de este veredicto, activistas y usuarios en redes sociales han comenzado a exigir auditorías e investigaciones profundas a esta red, señalando que los líderes religiosos presuntamente operan bajo un esquema institucionalizado para encubrir casos de violencia de género y abusos sexuales bajo el manto de la religión.
