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El órgano fiscalizador revisará licitaciones de material electoral, mientras que la presidencia provisional del instituto alista una denuncia ante la FGR.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que llevará a cabo una revisión exhaustiva de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el año 2000, tras detectar presuntas «irregularidades históricas» en el ejercicio del gasto público.
A través de un comunicado, el órgano fiscalizador encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel precisó que la auditoría integral abarcará tanto al instituto nacional como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). La medida responde a diversos reportes periodísticos que advierten sobre un posible conflicto de interés en las licitaciones para la adquisición de material electoral a lo largo de las últimas dos décadas.
En la mira, concentración de proveedores
El estudio histórico sobre las adquisiciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el actual INE y los OPLES tiene como objetivo principal identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos.
Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum había exhortado a revisar las contrataciones del órgano electoral —principalmente a partir de 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova—, argumentando que al menos cinco empresas han controlado la producción de material electoral desde la creación del IFE sin que se realizaran cambios para prevenir un monopolio.
INE alista denuncia ante la FGR
En paralelo a la auditoría, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció que el instituto presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de una presunta red de corrupción en la que estaría involucrada la expresidenta consejera Guadalupe Taddei y diversas empresas proveedoras.
“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente y dar vista a la Fiscalía para deslindar responsabilidades”, declaró Cruz García en conferencia de prensa. Aclaró que el recurso legal será de carácter general y no se dirigirá contra un funcionario en particular, sino que abarcará a todo colaborador sobre el que existan indicios.
Actualmente, las autoridades electorales mantienen bajo revisión todos sus contratos vigentes, incluyendo aquellos vinculados a la producción de credenciales para votar, cuyo monto asignado supera los mil millones de pesos.
