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La reforma busca unificar criterios legales y endurecer sanciones por esta falta, pero también exige mayor capacitación y recursos para su aplicación. Representantes de los sectores obrero, magisterial y eclesiástico aplauden el hecho.
Francisco Uribe
Villahermosa
Con las nuevas reformas aprobadas en materia del delito de feminicidio, las penas para a este tipo de falta quedaron homologadas a nivel nacional, lo que representa un paso importante en momentos muy difíciles, reconocieron representantes de los sectores obrero, magisterial y eclesiástico en Tabasco.
Con la iniciativa permite al Congreso de la Unión expedir una Ley General en materia de feminicidio, algo que colectivos feministas y especialistas han exigido desde hace años ante las profundas diferencias legales entre entidades.
Actualmente, aunque el feminicidio está tipificado en las 32 entidades federativas, cada estado mantenía definiciones distintas, penas variables y requisitos específicos para acreditar el delito.
Con la reforma, se busca establecer un tipo penal uniforme en todo México, protocolos obligatorios de investigación con perspectiva de género, coordinación entre autoridades federales y estatales, así como estándares mínimos de atención para víctimas indirectas y familiares.
Ejemplo, en Tabasco, la penalidad que se aplicaba era de 40 a 60 años de prisión a los feminicidas. Ahora, con la nueva reforma estas se elevan hasta 70 años a nivel nacional.
El abogado y dirigente obrero, Edgar Azcuaga Cabrera, manifestó que como resultado este esfuerzo, se refuerza el marco legal para castigar con mayor severidad el feminicidio.
Sin embargo, considera que una armonización legal no será suficiente si no viene acompañada de presupuesto, capacitación especializada, fortalecimiento de fiscalías, peritajes con enfoque de género y políticas de prevención de violencia.
El expresidente de la Asociación de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta, afirmó que la aprobación representa un avance legislativo relevante, pero también un recordatorio de que la justicia para las mujeres no depende únicamente de nuevas leyes, sino de instituciones capaces de aplicarlas con seriedad, perspectiva de género y compromiso real.
Por su parte, el obispo local, monseñor Gerardo de Jesús Rojas López, consideró positivo el fortalecimiento del marco legal para castigar el feminicidio, aunque también pidió reforzar el trabajo desde el núcleo familiar.
A su juicio, son fundamentales las enseñanzas basadas en el respeto a la vida, así como los valores que fomentan la convivencia y la paz social.
“Debemos orar por estas situaciones, por las personas que han fallecido y por sus familiares. También por los agresores, para que encuentren un camino de cambio. Pero, además, es necesario reforzar en nuestras enseñanzas el respeto a la persona y a la vida”, expresó.
CIFRA:
60 años de prisión era la pena máxima en la entidad
70 años de presión, se eleva la pena máxima con la reforma
“Debemos orar por estas situaciones, por las personas que han fallecido y por sus familiares. También por los agresores, para que encuentren un camino de cambio. Pero, además, es necesario reforzar en nuestras enseñanzas el respeto a la persona y a la vida”
Monseñor
Gerardo de Jesús Rojas López
