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Agencias
La gobernadora de Chihuahua deberá comparecer ante la Fiscalía General de la República por el operativo en el que participaron presuntos agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada por la Fiscalía General de la República para comparecer el próximo 27 de mayo como parte de las investigaciones relacionadas con un operativo contra un narcolaboratorio en el que presuntamente participaron agentes de la Central Intelligence Agency.
De acuerdo con información difundida este sábado, personal de investigación federal acudió al Palacio de Gobierno de Chihuahua para entregar formalmente el citatorio a la mandataria estatal.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Maru Campos recibiendo el documento acompañada por integrantes de su gabinete, asesores jurídicos y personal de seguridad.
Entre los presentes se encontraban el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, el consejero jurídico estatal José Carlos Rivera Alcalá y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
“Aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo”, expresó la gobernadora tras recibir la notificación oficial.
Durante su declaración, Campos cuestionó el trato diferenciado en otros casos de investigación federal contra mandatarios estatales.
“Con Rubén Rocha Moya no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, ni a ningún otro gobernador de este país”, afirmó.
La gobernadora confirmó que acudirá a la comparecencia programada para el próximo miércoles ante autoridades federales.
El caso está relacionado con un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde presuntos agentes estadounidenses participaron junto con autoridades locales en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para fabricar drogas sintéticas.
Días después del operativo se confirmó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero, quienes presuntamente realizaban labores de inteligencia sin autorización del gobierno federal mexicano.
La situación provocó una confrontación política entre el gobierno estatal y dirigentes de Morena, quienes acusaron a la administración chihuahuense de permitir operaciones extranjeras en territorio nacional sin aval federal.
En respuesta, representantes del Partido Acción Nacional defendieron la cooperación bilateral en materia de seguridad y respaldaron la actuación del gobierno estatal.
La FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con la posible participación irregular de autoridades mexicanas y agencias extranjeras durante el operativo.
