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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que como parte del operativo “Enjambre” en el Estado de México se han detenido a 60 personas.
En la conferencia en Toluca, Estado de México, detalló que se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos.
“Entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México, destaca la operación ‘Enjambre’, una investigación sin precedentes para detener a servidores, y servidores públicos que brindaban protección o colaboran con grupos delictivos. Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y solo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos”, afirmó.
Señaló que entre los detenidos están presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales, además de que se han desarrollado operaciones relevantes como liberación para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores.
El secretario de Seguridad indicó que por instrucción presidencial desde julio del año pasado, se puso en marcha el mando unificado Oriente con lo que se fortaleció la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno en los 15 municipios con mayor incidencia delictiva.
“Este trabajo coordinado ha permitido que el 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en el Estado de México hayan sido detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron más de mil 300 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos. Estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a las estructuras criminales y dar un auxilio más rápido cuando hay llamadas al C5”, resaltó.
Puntualizó que del 13 al 20 de julio, de manera simultánea en 84 municipios, donde se retiraron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas utilizadas por grupos delictivos como un mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de recursos ilícitos.
“Estas máquinas generaban ingresos de hasta 600 millones, de hasta 600 millones de pesos, donde se promovían actividades de cobro de derecho de piso, préstamo, gota gota y pandillas. Con ello no solo se afecta la capacidad económica de las organizaciones criminales, sino que también se protege a niñas, niños y adolescentes de estos espacios que pueden ser utilizados para el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada”, enfatizó.
