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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por mayoría de votos disposiciones clave de la reforma electoral de Chihuahua, las cuales permitían anular elecciones locales y cancelar candidaturas de forma automática ante sospechas de intervención del crimen organizado.
El Pleno del máximo tribunal determinó que, aunque el objetivo de blindar los comicios es legítimo, los mecanismos aprobados por el Congreso local vulneraban los principios constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso.
Los puntos clave que invalidó la SCJN
A propuesta de la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra, la Corte dejó sin efecto las siguientes medidas:
• Sanciones automáticas: Se canceló la norma que impedía registrar candidaturas o revocaba registros de manera directa por supuestos vínculos delictivos, sin un juicio o proceso previo.
• Nulidad de elecciones: Se invalidó la regla que permitía anular una votación cuando se presumiera el beneficio de un tercero o del crimen organizado, sin demostrar la responsabilidad directa de quien ganó la contienda.
• Límites a derechos humanos: Quedaron sin efecto las restricciones que la ley local imponía a las autoridades electorales del estado para interpretar libremente los derechos humanos en favor de la ciudadanía.
Los argumentos de los ministros
El Tribunal Constitucional enfatizó que no se puede sancionar a una candidatura o partido político por actos cometidos por terceros si no se acredita de forma individualizada su participación o complicidad en el ilícito. La Corte subrayó que las entidades federativas deben diseñar leyes que combatan la delincuencia sin atropellar los derechos político-electorales ni las garantías fundamentales.
Reacciones políticas ante el fallo
• Oposición legal: Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por legisladores de Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes argumentaron excesos en la legislación local.
• Postura del Gobierno Estatal: La gobernadora María Eugenia Campos Galván había defendido firmemente el paquete de reformas, solicitando públicamente su validación para evitar que el financiamiento ilícito o la presión criminal influyeran en los próximos procesos electorales del estado.
Con esta resolución, el Poder Legislativo de Chihuahua deberá adecuar su marco normativo a los lineamientos federales establecidos por la Suprema Corte.
