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Durante las audiencias para reformar la LGEEPA, autoridades, especialistas y activistas plantearon eliminar barreras de acceso a la información, fortalecer la justicia ambiental y aplicar el principio de “quien contamina paga”.
Eliminar barreras para acceder a información ambiental, proteger a quienes defienden el territorio, hacer vinculantes los ordenamientos ecológicos y obligar a reparar los daños provocados en ríos y cuencas fueron algunas de las propuestas presentadas ante la Cámara de Diputados para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Durante tres días y cuatro mesas de trabajo participaron alrededor de 120 representantes de los sectores público y privado, además de personas defensoras del territorio, activistas, científicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
La discusión busca actualizar una legislación vigente desde 1988 y adecuarla a los retos ambientales y climáticos actuales.
Piden eliminar barreras para acceder a información ambiental
Durante la última mesa de trabajo, representantes de gobiernos estatales, municipios y autoridades federales presentaron propuestas para fortalecer la nueva regulación ambiental.
Norma Elvia Martínez Santos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California y representante de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAA), señaló que la reforma debe garantizar una distribución clara de competencias entre los distintos órdenes de gobierno.
También pidió eliminar obstáculos para acceder a expedientes ambientales.
La funcionaria planteó que ningún expediente quede oculto por reglas generales o por la falta de respuesta de alguna autoridad.
Buscan mayor protección para defensores ambientales
Otro de los puntos abordados fue la seguridad de las personas que defienden el territorio y los recursos naturales.
Desde la ANAA se propuso crear mecanismos de prevención, atención y reserva de identidad para defensores ambientales.
También se pidió definir qué autoridades recibirán las alertas, cómo deberán coordinarse los mecanismos de protección y qué garantías existirán para resguardar los datos personales.
Ordenamientos ecológicos podrían ser vinculantes
Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima, planteó incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica desde la planeación de proyectos y programas.
También propuso evitar consultas “exprés” y establecer reglas claras para coordinar este mecanismo con las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Entre sus propuestas destacó hacer vinculantes los Programas de Ordenamiento Ecológico, incluidos aquellos diseñados por cuenca, para que sean considerados al momento de otorgar licencias.
Asimismo, pidió evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos que pueden generar diversos proyectos sobre un mismo territorio.
Proponen mayor protección para ecosistemas prioritarios
La funcionaria de Colima también planteó reforzar la protección de ecosistemas considerados prioritarios, entre ellos:
- Montañas.
- Selvas.
- Humedales.
- Cenotes.
- Costas.
La propuesta busca aplicar el principio precautorio y evitar que la conservación dependa únicamente de mecanismos de compensación ambiental.
Plantean impuestos ambientales bajo el principio “quien contamina paga”
Otro de los temas discutidos fue la incorporación de instrumentos fiscales relacionados con la política climática.
Jiménez Hernández propuso mejorar la coordinación entre Federación y estados para evitar una doble contabilización de carbono y mantener las facultades estatales para implementar impuestos ambientales.
El planteamiento parte del principio de “quien contamina paga y compensa”, con el objetivo de utilizar los instrumentos fiscales como mecanismos de financiamiento ambiental y modificación de conductas.
Piden restauración integral de ríos y cuencas
Karina Castillo López, de la Comisión para el Saneamiento y Restauración del Río Lerma Santiago de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la recuperación de ríos altamente contaminados no puede limitarse a limpiar cauces o revisar descargas de manera aislada.
Propuso elaborar programas integrales de cuenca que incluyan una línea base sobre fuentes contaminantes, metas, responsables e indicadores de seguimiento.
También planteó incorporar un Capítulo de Salud Ambiental y Prevención de Riesgos a la Salud, que permita coordinar a autoridades ambientales y sanitarias en comunidades expuestas continuamente a contaminación.
Quien cause daños debería asumir los costos de reparación
Castillo López propuso reforzar la reparación integral del daño ambiental.
Esto implicaría que las personas o empresas responsables de contaminación asuman los costos de contención, caracterización, remediación, monitoreo y compensación.
También pidió reconocer la participación social mediante la recepción de “evidencia comunitaria” y “ciencia ciudadana”, con la obligación de que las autoridades den una respuesta fundada.
Investigador pide sancionar omisiones de servidores públicos
El investigador Roberto Hernández Juárez, representante de Youth Building the Future Global, advirtió que las autoridades también pueden incurrir en responsabilidades ambientales al autorizar proyectos sin evaluaciones adecuadas o dejar de actuar frente a posibles afectaciones.
Durante su intervención mencionó proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la ampliación del Puerto de Cuyutlán y proyectos de gas natural licuado y gasoductos en Sonora.
Propuso establecer consecuencias para servidores públicos que oculten información, omitan inspecciones o participen en irregularidades.
Entre las posibles sanciones planteó inhabilitación, destitución, responsabilidad patrimonial y penal, además de la anulación de permisos emitidos bajo corrupción o conflicto de interés.
Proponen combatir la criminalidad ambiental organizada
Hernández Juárez también propuso incorporar en la legislación el concepto de “criminalidad ambiental organizada”.
Lo definió como redes que controlan recursos como bosques, agua, minerales, vida silvestre, suelo y residuos mediante violencia, corrupción o empresas fachada.
También sugirió crear una estrategia nacional de coordinación entre autoridades ambientales, financieras, aduaneras, agrarias, forestales, hídricas, fiscalías y corporaciones de seguridad.
Además, planteó establecer un Registro Público de Infractores Ambientales.
Diputados analizarán las propuestas
La diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que las propuestas presentadas durante las audiencias serán consideradas en los trabajos para actualizar la LGEEPA.
Entre los principales retos planteados se encuentran fortalecer el acceso a la información, mejorar la protección de defensores ambientales, garantizar la reparación de daños y actualizar las herramientas con las que el Estado enfrenta la contaminación y la crisis climática.
