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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las recientes modificaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40) del IMSS, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responden a la detección de mecanismos fraudulentos utilizados para obtener pensiones excesivamente altas, los cuales representaron un impacto de cientos de miles de millones de pesos.
Para frenar estas irregularidades y proteger las finanzas de la institución, el Consejo Técnico del IMSS implementó medidas temporales que entraron en vigor el 22 de octubre de 2026.
Los principales cambios operativos son:
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Límite salarial de cotización: Los nuevos registros estarán topados al último salario base de cotización que tenía el trabajador al momento de su baja, más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Anteriormente, los usuarios podían elegir libremente cotizar hasta con 25 UMAS.
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Eliminación de retroactividad: Las nuevas solicitudes surtirán efecto únicamente a partir de la fecha de presentación del trámite, eliminando la posibilidad de pagar periodos pasados o semanas no cotizadas de forma retroactiva.
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Trámites digitales: Las futuras incorporaciones a este esquema se realizarán exclusivamente a través de los sistemas y plataformas digitales del Instituto.
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Exclusividad de esquema: Las personas dadas de alta como trabajadores independientes no podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40.
Las personas que ya se encontraban inscritas en la Modalidad 40 antes de la entrada en vigor de este acuerdo mantendrán las condiciones contratadas hasta que concluya su periodo. El IMSS estableció un plazo de 12 meses para que sus áreas financieras y jurídicas realicen un estudio actuarial sobre el impacto de este esquema y elaboren una propuesta definitiva de modificación normativa.
La medida ha generado reacciones en el Poder Legislativo. La senadora Claudia Edith Anaya (PRI) calificó la acción del Consejo Técnico como un «decretazo», argumentando que suspende disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Ante este señalamiento, el presidente del Senado turnó el caso a la Junta de Coordinación Política para revisar la legalidad de las nuevas restricciones.
