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El gobierno federal detectó que los hermanos Hernández Casillas recibieron millonarios contratos y dejaron las compañías a sus hijos; Claudia Sheinbaum evitó señalar a Lorenzo Córdova.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer los primeros hallazgos sobre la presunta red de corrupción que operó al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Organismos Públicos Locales (OPLEs). Según la funcionaria, empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas habrían recibido contratos por más de 2 mil millones de pesos, abarcando 23 de los 32 órganos electorales estatales.
La investigación del gobierno federal reveló que, actualmente, estas empresas se encuentran registradas bajo el control de los hijos de los hermanos Hernández Casillas.
Buenrostro aclaró que, hasta el momento, dichas compañías no se encuentran inhabilitadas para participar en licitaciones del gobierno federal. Esta sanción dependerá de las conclusiones que arroje la Auditoría Superior de la Federación (ASF). «Quien los puede inhabilitar es la ASF; el procedimiento de investigación está allá, y por los convenios que tenemos, nosotros podríamos retomar esa inhabilitación», explicó la secretaria, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum añadió con ironía: «Pero obviamente no se quieren contratar, ¿verdad?».
El historial de los hermanos Hernández Casillas
Previo a conformar sus empresas y convertirse en los principales proveedores de material electoral en el país, los hermanos Hernández Casillas forjaron una trayectoria ligada al gobierno federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.
En 1983 laboraron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal bajo la dirección de Juan Carlos Padilla Aguilar. Posteriormente, cuando Padilla asumió la secretaría general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los hermanos colaboraron con él. Fue en 1999 cuando constituyeron su primera compañía, Cartonera Plástica, y en 2005 obtuvieron su primer contrato de material electoral por 63.7 millones de pesos en el Estado de México, proceso que derivó en irregularidades y la renuncia de siete consejeros locales.
Autoridades determinarán posible responsabilidad de Córdova
Cuestionada sobre la posible comparecencia o responsabilidad penal del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en estos actos de corrupción, la presidenta Sheinbaum aclaró que su administración no funge como Ministerio Público.
“Depende del auditor; nosotros no somos ni ASF ni somos Ministerio Público. Si tiene responsabilidades o no, ya lo determinarán las autoridades competentes”, precisó la mandataria, afirmando que los datos presentados por su gabinete buscan responder a la narrativa que acusa una supuesta relación política entre la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y Morena.
