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Los colombianos recibieron con alegría, pero también con escepticismo, el pacto alcanzado el miércoles entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que para ser efectivo deberá ser aprobado en una votación convocada para el 2 de octubre.
«Queda en manos de ustedes -de todos los colombianos- decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación», dijo el presidente al anunciar al país el comienzo del fin «del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra».
Santos, un político de centroderecha artífice de las negociaciones que se desarrollaron en Cuba desde noviembre de 2012, anunció que este jueves enviará al Congreso el texto definitivo del acuerdo final de seis puntos, y lo publicará para que «nadie» pueda decir que no lo conoce.
Lo pactado con la mayor guerrilla de Colombia, surgida de una sublevación campesina en 1964, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que ha involucrado a grupos armados de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas estatales, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
Con ilusión, muchos ondeaban en Colombia el miércoles banderas patrias y agitaban globos blancos celebrando la noticia. «Es clamor popular, un grito nacional para que se acabe esta guerra fratricida», confió a la AFP José Cruz, un activista por los derechos humanos.
El cuarto proceso de paz con las FARC luego de intentos fallidos en 1984, 1991 y 1999, prevé compromisos para solucionar el problema agrario y enfrentar el del narcotráfico, fuente de financiación de la violencia. Además, establece mecanismos de reparación a las víctimas y de justicia, así como de participación política de los futuros excombatientes.
Un alto al fuego bilateral y definitivo y el desarme de los rebeldes en un plazo de seis meses contados desde su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia, están contemplados en el pacto de La Habana, que adjudica a la ONU y observadores internacionales la supervisión del proceso.
