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Los artículos del Código Penal Federal que castigan con seis meses hasta cinco años de prisión a las mujeres que se practican un aborto injustificado, prevalecerán, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto que pretendía invalidar los citados preceptos y permitir a las mujeres a decidir en libertad sobre la interrupción de su embarazo.
Luego de más de una hora de discusión, con tres votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte se opuso al proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea quien propuso otorgar un amparo a Margarita «N», quien interrumpió su embarazo en una clínica privada, luego de que en un hospital del ISSSTE se negaron a realizárselo.
La mujer impugnó los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, alegando que no existe una causal que permita a las mujeres abortar cuando su salud corre peligro.
En 2013, Margarita fue informada por los médicos Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE de la Ciudad de México que su embarazo era considerado de alto riesgo pues, meses antes, se había sometido a una cirugía de bypass gástrico, contaba con 41 años de edad y presentaba un problema de sobrepeso.
Además, se le notificó que el producto masculino presentaba síndrome de Klinefelter; éste causaría que el producto no pudiera desarrollar sus genitales en la pubertad, pero no impediría que fuera una persona autosuficiente. Por ese motivo abortó cuando tenía 17 semanas de embarazo.
Aunque los ministros José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres, le dejaron claro a Zaldívar que no se podía conceder el amparo a Margarita y mucho menos declarar inconstitucionales los artículos, porque a la demandante no se le aplicó el artículo 332 que establece el castigo por abortar.
Ante la negativa de la mayoría, Zaldívar sostuvo su proyecto y dijo no compartir la visión de sus compañeros, la cual «trata de cerrar la puerta» a las mujeres en todos sus derechos; el ministro manifestó que es imprescindible combatir las normas que impiden el aborto, pues señaló que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud cada año se practican 22 millones de abortos inseguros, que dejan 47 mil muertes, además de que también dejan secuelas en las féminas. En México, abundó, se practican 29 mil 800 abortos al año, con un saldo de 2 mil 147 muertes.
La ministra Piña Hernández reclamó a Zaldívar por el adjetivo que usó, al aseverar que el fallo «cierra la puerta» a las mujeres. Piña puntualizó que este juicio no era procedente y mucho menos se estaba cerrando la puerta a las mujeres que pretenden abortar, pues el tema no se ha abordado de fondo.
Al respecto, Cossío reviró diciendo: «me siento tranquilo con mi conciencia»; aseveró que el respeta los derechos humanos, y todo consta en su registro judicial.
Ahora, el proyecto será returnado para que un ministro elabore un nuevo proyecto con el criterio de la mayoría, en el que puede desecharse definitivamente el amparo o abordar el tema de diferente manera.
Zaldívar subrayó que el Estado no puede exigir a la mujer que lleve a término su embarazo, cuando su salud puede resultar afectada, pese a que no exista riesgo inminente de muerte.
