Novedades de Tabasco El diario mas fuerte de Tabasco
En atención a la audiencia que fue solicitada al gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron este martes en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por parte del Gobierno del Estado: el secretario del ramo, Agustín Silva Vidal; Juan José Peralta Fócil, coordinador de Asuntos Jurídicos, y Fermín Pérez Montes, subcoordinador de Estudios y Proyectos de la Coordinación Jurídica; y los representantes de la empresa UBER, Mariana Santos, Alehira Orozco y Jorge Negrete.
En esta reunión, Silva Vidal y los funcionarios antes señalados escucharon los planteamientos de los representantes de UBER, quienes explicaron en qué consiste el servicio que ofrecen a través de su aplicación móvil, con la que pretenderían iniciar operaciones el próximo 5 de septiembre del año en curso.
En ese sentido, en uso de la voz, Agustín Silva les exhortó a que través de la apertura y el diálogo que han caracterizado a este gobierno, se conduzcan dentro del marco de la legalidad, respetando los procedimientos administrativos que para tal efecto establece la Ley de la materia y privilegiando en todo momento la disponibilidad de atender de manera formal su petición, con estricto apego a la normatividad vigente.
Acto seguido, Fermín Pérez invitó a que realizaran un análisis al marco normativo que regula la prestación del servicio de transporte público en la entidad, y que con fundamento en la norma ejerzan su derecho de petición o consulta, a la cual se le dará respuesta bajo los mismos términos. Sin embargo recalcó que en Tabasco el servicio público de transporte no está liberado.
En su intervención, Juan José Peralta coincidió en lo expuesto por titular de la SCT y Pérez Montes, en el sentido que los representantes de UBER revisen la legislación tabasqueña, ya que cada estado varía en cuanto a sus ordenamientos jurídicos.
En ese sentido, les invitó a abstenerse de iniciar operaciones antes de concluir el procedimiento que regula la autoridad competente, que consiste en determinar las necesidades del servicio mediante un dictamen técnico cuyo resultado es la base para atender su solicitud, ya que en caso de incurrir en violaciones a la Ley y su Reglamento el Gobierno del Estado, a través de la SCT haría uso de las facultades que le competen.
De esta suerte, la administración estatal reitera su compromiso con los transportistas, empresarios y con la ciudadanía en general, de privilegiar la apertura y el diálogo, siempre con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
