Viven sus últimos días a salto de mata, la cárcel los espera por las múltiples irregularidades que cometieron durante su mandato que van desde delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico de influencias y evasión al fisco.
Se trata de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Chihuahua, César Duarte, al igual que los ex mandatarios de Nuevo León, Rodrigo Medina y de Quintana Roo, Roberto Borge, quienes tienen abiertos sendos expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
JAVIER, SUS MUERTOS Y DESVÍOS
De acuerdo con documentos oficiales, Duarte de Ochoa, quien el próximo 1 de diciembre dejará la gubernatura, es investigado por enriquecimiento ilícito, además que durante su administración se cometieron más de tres mil asesinatos, ya que manejó el estado como si fuera un rancho de su propiedad.
Según dados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la PGR solicitó a la Dirección de Catastro y Valuación de Veracruz, datos sobre 35 empresas y 34 personas vinculadas con el mandatario local en el desvió de recursos públicos.
Las dos carpetas de investigación que se siguen a Duarte son: La número FESP/013/2016/1-04, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, constante de 10 tomos y 12 anexos relacionada con la similar que se integra en la Subprocuraduría.
Además, la número FESP/216/2016/14-07, por los mismos delitos, constante de cuatro tomos y 69 anexos relacionada con la similar que se integra en los documentos donde se demuestran las irregularidades.
CÉSAR, EL INTENTO DE BANQUERO
También la PGR lleva a cabo una investigación contra César Duarte, gobernador de Chihuahua, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La pesquisas en contra del gobernador de Chihuahua se inició en noviembre de 2014, luego de que el entonces senador y actual mandatario electo de ese estado, Javier Corral, y otros legisladores del PRD y PT acusaron a Duarte de adquirir 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, y aunque el jefe del ejecutivo lo ha negado, las evidencias se han hecho pública.
Para rematar el activista Jaime García Chávez, acusó al gobernador de haber realizado una transacción de 65 millones de pesos para tener su participación en el banco.
Se dice que entre 2012 y 2014, la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista.
Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la PGR indaga el desvío de recursos federales en esas transacciones.
ACCIONES Y REACCIONES
En Quintana Roo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está por determinar los resultados de la investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y ex funcionarios del gobierno de esa entidad, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado.
Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.
Aunque estos han recurrido a argucias para protegerse de la ley, la PGR presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; de Veracruz, Javier Duarte; y de Chihuahua, César Duarte, por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
RODRIGO EL DE LOS TERRENOS
Asimismo, en Nuevo León, el actual gobierno local interpuso una demanda por el desvío de recursos por 3 mil 683 millones de pesos, contra el exgobernador Rodrigo Medina, por supuestos actos deshonestos durante su administración.
La acusación más reciente, relativa a los presuntos incentivos aprobados en el gobierno de Medina a la firma coreana automotriz KIA, se inscribe dentro de una docena de imputaciones realizadas por la Fiscalía de un operativo llamado “Operación Tornado”, que investiga supuestos casos de abuso de poder en la pasada administración (2009-2015) y cuyo daño sumaría cerca de 9 mil millones de pesos.
SU PARTIDO LOS QUIERE FUERA
A raíz de todo este escándalo, el PRI lleva a cabo un proceso de expulsión o contra los gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte, y los ex mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, así como el de Nuevo León, Rodrigo Medina.
El 17 de agosto pasado, Enrique Ochoa Reza, presidente del tricolor, aseguró que sería antes del término de las gestiones de Chihuahua y Veracruz, que se tendría una resolución sobre los procesos que se les siguen a los mandatarios en la Comisión de Justicia Partidaria.
CAJA
PECES GORDOS
VERACRUZ / foto: Marrana
Javier Duarte de Ochoa
ACUSACIONES
Enriquecimiento Ilícito
Peculado
Incumplimiento del deber legal
EXPEDIENTES
FESP/013/2016/1-04
FESP/216/2016/14-07
CHIHUAHUA / foto: Jaquez
César Duarte Jaquez
ACUSACIONES
Peculado
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
EXPEDIENTE
AP/PGR/UEAF/001/2014
QUINTANA ROO / foto: Borge
Roberto Borge Angulo (ex gobernador)
ACUSACIONES
Desvío de recursos
Abuso de autoridad
Enriquecimiento ilícito
NUEVO LEÓN / foto: Medina
Rodrigo Medina de la Cruz (ex gobernador)
ACUSACIONES
Desvío de recursos
Abuso de poder
Enriquecimiento ilícito