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La Procuraduría General de la República aseguró 25 inmuebles de manera precautoria, los cuales fueron sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración de Roberto Borge en Quintana Roo.
El aseguramiento se realizó por considerarse objeto o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación, como parte de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
En ella, se especifica que de abril de 2011 al mismo mes pero de 2014 fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del gobierno estatal.
Las investigaciones del Ministerio Público Investigador arrojaron, de manera provisional, que hubo irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se corroboró que, en su totalidad, en promedio, se vendieron aproximadamente al 6% de su valor comercial.
Por ello, “con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los cinco mil millones de pesos”, indicó la dependencia en un comunicado.
La denuncia ante la PGR fue presentada a finales de octubre de 2016 por el gobierno de Carlos Joaquín González debido a la enajenación ilegal de 9 mil 500 hectáreas en todo el estado de Quintana Roo.
De acuerdo con el nuevo gobierno de Quintana Roo, los predios fueron vendidos a empresas vinculadas a amigos, empleados y familiares del ex gobernador y la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal, Claudia Romanillos Villanueva.
La enajenación de terrenos propiedad del estado se dieron en un 7% del municipio de Bacalar; un 10% de Felipe Carrillo Puerto; 20% de Tulum; 23% de Cozumel; 36% de Benito Juárez; 52% de Solidaridad y 60% de Puerto Morelos.
VJCM
