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Aunque para muchos es “para todo”, lo de la Procuraduría General de la República aclaran que sólo son incompetentes para investigar 13 actos de corrupción en los que habría incurrido Javier Duarte. Las razones son diversas, pero en general es el afán de pasarle la bolita a la Fiscalía de Veracruz, la cual no hace mucho que digamos. Ya verán cómo.
De acuerdo con Reforma, en cuanto la PGR recibía las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las mandaba directamente a la Fiscalía de Veracruz y ésta a su vez corría… pero a archivarlas, incluso desde el primer día. De esto, los de la ASF no fueron informados y se enteraron por cuenta propia, hasta que se percataron que la Procuraduría no encabezaba investigaciones iniciadas a raíz de sus denuncias.
Al preguntarle a la PGR qué onda con sus denuncias, ésta se declaró incompetente en la investigación de 13 expedientes, bajo el argumento de que los delitos que constaban en las acusaciones eran del fuero común, así que eso le correspondía a la Fiscalía jarocha… en la que despachaba Ángel Bravo Contreras, amigo personal del buen Javidú.
Una de las denuncias señalaba que fueron desviados varios millones de pesos destinados al sector salud y a la realización de obras de infraestructura. Y para que vean cómo es rápida la justicia, ésta llegó en sólo 16 minutos, tiempo que demoró el controlador de la administración de Duarte en manifestar que los recursos fueron debidamente aplicados. “Ahhhh, bueno”, dijo el Fiscal… para una hora después decretar el no ejercicio de acción penal.
Debido a la cuestionable forma de actuar de las autoridades veracruzanas, la ASF reclama legalmente la determinación de la PGR de declinar su competencia en las averiguaciones contra Duarte, sin antes recabar su opinión antes de enviar las investigaciones a Veracruz. Es decir: tomar la decisión a sus espaldas. Así, solicitó invalidar los acuerdos de incompetencia dictados por la Dirección General de Asuntos Especiales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Pero, ¿para qué pedirle hacer su chamba a una instancia que no muestra muchas ganas?, ¿quién entonces para investigar a Javidú?
Mientras se encuentra a alguien que sí haga el trabajo como se debe, la defensa del exgobernador ya prevé rebatir varias de las acusaciones que pesan en contra de su cliente. Así como la semana pasada el propio Duarte calificó de “irrisorias, infundadas, ligeras, vagas e imprecisas” las imputaciones de la Fiscalía estatal, planean hacer lo mismo con las acusaciones de la PGR… ¿por qué? Porque -según los abogados- “no difieren mucho”.
“Son figuras directamente relacionadas con administración pública, entonces tienen que ubicarse en el tiempo, modo y lugar de la situación para saber si fueron dentro del procedimiento cuando él era gobernador o son acusaciones que vienen cuando él ya no tenía fuero, por eso hay que evaluarlas, porque son estrictamente de delitos administrativos”, explicó Carlos Velázquez, abogado de Duarte.
