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Tabasco cerrará 2018 sin sobresaltos, porque durante cinco años hemos impuesto una disciplina financiera férrea y hemos hecho de la transparencia el máximo compromiso de este gobierno, afirmó Amet Ramos Troconis, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).
Confió en que si las variables se mantienen como hasta ahora, la actual administración culminará su ejercicio sin problema financiero alguno, toda vez que ha procurado las reservas necesarias y generado condiciones asertivas, con proyectos a corto y mediano plazo, como la Zona Económica Especial (ZEE), que permitirán heredar un estado con resultados y bases sólidas para el futuro.
El funcionario estatal compareció ante el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura, con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, y descartó que los proyectos aprobados por el Congreso local, a solicitud del Ejecutivo, bajo el modelo de Asociación Público-Privada representen nueva deuda pública para la entidad.
Las APP no afectan las participaciones fiscales del estado y no se constituyen en deuda porque son financiadas con inversión privada, aseveró desde la máxima tribuna popular, y resaltó que las medidas aplicadas vía el Acuerdo de Austeridad 2017 generaron ahorros que permitieron destinar recursos crecientes a tareas de corte social.
El titular de la SPF subrayó que Tabasco está dentro de los 10 estados del país con menor endeudamiento y se encuentra entre las entidades con menor tasa de interés promedio ponderada, menor porcentaje de afectación de participaciones y menor relación deuda con respecto al Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).
Precisó que el empréstito adquirido para el Programa Emergente de Seguridad Pública se contrató a través del mecanismo denominado subasta electrónica inversa, mismo que se utilizó para el financiamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que implica, refirió, que está libre de comisiones, a un plazo de 10 años para ser amortizado con una tasa de interés de un solo digito.
Desde la máxima tribuna popular, Ramos Troconis resaltó que el buen comportamiento de Tabasco está avalado por agencias internacionales como Moody´s y Fitch Ratings, que ratificaron calificaciones crediticias que reflejan el manejo prudente, el equilibrio financiero y el nivel de liquidez que esta administración ha privilegiado desde su inicio.
Incluso, remarcó, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos (SHCP) coloca a la entidad con un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con los tres indicadores que miden esta condición, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.
Ante legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias e independientes, el titular de la SPF añadió que Fitch Ratings también destacó que los esfuerzos de recaudación y fiscalización implementados para amortiguar los efectos negativos prevalecientes en el sector energético, han impulsado el desempeño financiero del gobierno estatal.
En términos de gestión y administración, Amet Ramos explicó que la presente administración se fijó como meta que el proceso presupuestario sea realista y flexible, permitiendo los ajustes necesarios para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información financiera,
A partir de lo anterior, añadió, se logró el cumplimiento general de más del 90 por ciento de los criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la Evaluación de la Cuenta Pública, así como el 94.1 por ciento de la obligación de informes trimestrales evaluados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Acentuó que la SHCP, a través de su Portal de Transparencia Presupuestaria, sitúa a Tabasco en el segundo lugar en el Índice de Calidad en la Información reportada en el segundo trimestre por las entidades y municipios, a través de los informes que presentan en el Sistema de Formato Único.
En su exposición frente a la máxima soberanía, expuso que en lo que va de 2017 los recursos destinados al apartado de Gestión de Gobierno, que abarca las funciones de seguridad pública y procuración de justicia, registraron un incremento de 803.6 millones de pesos con respecto a 2016, mientras que el gasto social, que agrupa a educación, salud, desarrollo social, protección ambiental, cultura y deporte, ascendió a 19 mil 308 millones de pesos, 11.6 por ciento más que el año pasado.
