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Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las instituciones del gobierno federal en las que actualmente hay más casos de empleados que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber incurrido en presunto enriquecimiento ilícito.
En respuestas a solicitudes de transparencia, la SFP informó que en Pemex hay al menos 65 trabajadores que están siendo investigados por las diferentes áreas de la Función Pública desde 2016, de los cuales al menos 23 están relacionados con el caso Odebrecht.
En tanto, en el IMSS existen al menos 28 casos al respecto, todos de 2017.
Función Pública detalló 299 casos de empleados de al menos 41 instituciones del gobierno federal sobre los que existe una investigación en proceso por presunto enriquecimiento ilícito, incluyendo la fecha de inicio de cada una de dichas indagatorias. La mayoría data de 2017.
La dependencia destacó que entre las instituciones de las que se investiga a empleados se encuentra la delegación Tláhuac, la cual no es un área federal, sino un órgano político administrativo del Gobierno de Ciudad de México; de ahí se indaga a un empleado desde el 31 de agosto de 2017.
Las cifras fueron proporcionadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la dependencia federal.
Sin embargo, en la respuesta a la solicitud la SFP también mencionó otros 70 expedientes en poder de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial relacionados con empleados federales de 21 instituciones, de los cuales no proporcionó detalles sobre cuántos de ellos pudieran estar involucrados en esas indagatorias y cuándo comenzaron.
De acuerdo con el paquete de información de la que se pudo obtener más detalles, después de Pemex e IMSS, las otras instituciones con más empleados investigados son Liconsa, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), las cuales concentran 12 casos cada una; además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con 10 casos.
El Servicio de Administración Tributaria tiene nueve empleados en proceso de investigación, en tanto que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen ocho cada una.
NUEVAS SANCIONES, SIN EFECTO
El Código Penal Federal actual incluye el enriquecimiento ilícito en la categoría de Delitos por Hechos de Corrupción, producto de la reforma de 2016 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
Ahí se describe que el enriquecimiento ilícito ocurre “cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.
Para ello, “se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.
Entre las sanciones previstas están el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar; cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 403 mil pesos se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de hasta 8 mil pesos y cuando el monto exceda de esos 403 mil pesos, se impondrán de dos años a 14 de años de prisión y multa hasta 12 mil pesos.
Sin embargo, las modificaciones al Código y la vigencia de las sanciones consideradas solo entrarán en vigor cuando se nombre al fiscal anticorrupción, de acuerdo con los transitorios.
HASTA OCTUBRE, 333 MDP
En octubre del año pasado, la SFP informó que hasta esa fecha había detectado incrementos irregulares en la evolución patrimonial de al menos 59 empleados federales por 333 millones 225 mil 836 pesos con 99 centavos.
Los 59 servidores públicos señalados presentaron irregularidades en su patrimonio por montos que oscilan entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, y ostentaban cargos que van desde analista hasta homólogo de Subsecretario de Estado.
De esos casos, la SFP presentó de inmediato las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República.
La dependencia explicó que las revisiones de evolución patrimonial se hacen al azar, ante una denuncia o cuando hay indicios de alguna anomalía.
