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El 2019 que recién terminó fue un año fatídico para niñas, niños y adolescentes: lo mismo migrantes —en su mayoría centroamericanos— que mexicanos, por igual, sufrieron los estragos del endurecimiento en las políticas migratorias tanto del gobierno de Donald Trump como del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también de la inseguridad y el crimen organizado que cobró la vida de casi dos mil infantes que cayeron asesinados, secuestrados, torturados o muchas veces violadas, en el caso de las niñas.
De hecho, México es una de las naciones más riesgosas para este sector de la población pues se compara con Irak y Honduras en términos de violencia, pues las tasas de homicidios son propias y características o proporcionales a un país en guerra: unos 20 mil niños y adolescentes han sido asesinados desde 2006 hasta el 2019, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la violencia e inseguridad que se vive en varias regiones del país, asegura el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
La vulnerabilidad y peligros que viven los niños en México no distingue nacionalidades, y prueba de ello es el caso emblemático de una niña discapacitada de 9 años de origen centroamericano, que mientras esperaba en Tijuana su audiencia en un juzgado de Estados Unidos para tramitar su asilo en ese país, fue secuestrada junto con su madre por miembros del crimen organizado, quienes las violaron de manera repetida durante un periodo de dos semanas, según un informe de Human Right First en diciembre pasado.
Debido a que se perdieron una audiencia programada durante su cautiverio, un juez de inmigración ordenó su deportación, revela dicho informe.
De enero a octubre de 2019, 16 mil niñas y niños fueron retornados de Estados Unidos a México a esperar la resolución de su procedimiento migratorio. De este total, 4,300 fueron menores de cinco años y 481 bebés o menores de un año de edad.
Según Human Rights First, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, se registraron 138 casos de niñas y niños que sufrieron secuestros o algún tipo de violencia, mientras esperaban su procedimiento migratorio de Estados Unidos en México, lo que representa la muestra de un problema mayor.
El gobierno de Trump obligó a México desde el año pasado a establecer los “Protocolos de Protección al Migrante,” mejor conocido como “Permanecer en México” para aquellas personas que piden asilo en Estados Unidos, lo que ha obligado a miles de migrantes a permanecer en territorio nacional, sobre todo en las ciudades fronterizas con EU, mientras su petición es resuelta.
Desde la implementación de los MPP hasta octubre de 2019, se han contabilizado un aproximado de 50,000 personas migrantes retornadas, incluyendo niñas y niños, quienes quedan estancados en puntos fronterizos, sin contar con los recursos necesarios para sobrevivir, sin acceso a servicios básicos de salud y educación, y expuestos a distintas formas de violencia, como el abuso sexual y la explotación, pero también a ser asesinados por bandas criminales, de acuerdo a la organización Save The Children.
Hasta el 23 de diciembre de 2019, hay al menos 660 casos denunciados públicamente de asesinato, violación, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra solicitantes de asilo y migrantes forzados a regresar a México por la Administración Trump bajo este esquema ilegal. Entre estos ataques reportados se encuentran 148 casos de niños devueltos a México que fueron secuestrados o casi secuestrados.
En las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros han crecido campos de refugiados, y muchos viven en tiendas de campaña, sin acceso a alimentos adecuados, agua potable ni saneamiento. En su mayor parte, sin trabajo u otras fuentes de ingresos. También son presas de las bandas criminales.
Cabe destacar que 3 de las 6 ciudades fronterizas utilizadas como puntos de retorno están consideradas entre las ciudades más violentas del mundo: Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez.
“Estamos preocupados por la capacidad del Estado mexicano para atender las necesidades de niñas y niños que permanecen en ciudades fronterizas. Nuestro personal ha visto que tanto los albergues públicos como privados, se encuentran saturados y no cuentan con el saneamiento ni baños adecuados; de igual manera, los alimentos que reciben niñas y niños no son lo suficientemente nutritivos y tampoco hay espacios escolares necesarios para que la niñez no vea interrumpida su educación.
En estas condiciones es más probable que padezcan constantemente enfermedades respiratorias o gastrointestinales, que vivan violencia o abuso sexual o no puedan superar episodios traumáticos derivado de su salida desde las comunidades de origen”, enfatizó Jorge Vidal, Director de Programas de Save the Children.
Vidal asegura que su organización tiene documentado que en varios de los albergues que reciben migrantes en espera de su audiencia o resolución de asilo a Estados Unidos se incorporó a varios niños a las escuelas , sin embargo al poco tiempo desertaron debido a la presencia del crimen organizado en los alrededores de las instalaciones escolares.
El endurecimiento de la política migratoria de México, que desplegó a la Guardia Nacional en las fronteras y a lo largo de México, ha provocado que las personas migrantes, incluidas niñas y niños que viajan solos o separados de su familia, sientan mayor riesgo de ser detenidos e ingresen o transiten por puntos de mayor riesgo, quedando expuestos a asaltos o secuestros por parte del crimen organizado.
“Cuando llegamos a México fuimos secuestrados por los coyotes durante 8 días; no sabíamos dónde estábamos y no querían soltarnos hasta que pagáramos. Como no teníamos dinero, me violaron y solo así nos liberaron a mí y a mi familia” narra Dayana de 27 años de edad, proveniente de Guatemala, según Save The Children.
DAÑOS COLATERALES. En medio de la masacre contra la familia LeBarón en Chihuahua, donde perdieron la vida nueve personas, entre ellas seis menores de edad, todos a manos del crimen organizado, las cifras asoman con frialdad:
De enero a septiembre del 2019 han sido asesinados en México 796 niñas, niños y adolescentes, asegura la Redim, con base en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que dan cuenta de homicidios, feminicidios, secuestro, tráfico de menores y lesiones contra este sector de la sociedad.
En entrevista con Crónica, Juan Martín Pérez García, de la Redim, detalla que más de 634 eran varones y ocho de cada diez perecieron por armas de fuego. Lo anterior representa un promedio diario de tres niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso en el 2019.
Con base en el SNSP, Chihuahua, el estado donde fueron asesinados nueve miembros de la familia LeBarón, es la tercera entidad con más asesinatos dolosos contra niños y adolescentes, con 60 registros.
El primer lugar es Guanajuato, con 98; Estado de México, 87; Baja California, 50; y Jalisco con 48, serían los cinco estados con mayor número de homicidios dolosos contra esta población.
La Ciudad de México aparece con 29 asesinatos contra niños y adolescentes de enero a septiembre de este año, por debajo de Veracruz con 45, y Michoacán con 41 y Morelos con 35 homicidios.
El mes más violento de los últimos cuatro años para la población de 0 a 17 años fue junio de 2018, cuando se registraron 222 homicidios dolosos de menores, lo que significó siete muertes por día.
