Aumentan actos de pillaje en plataformas de Pemex

El desmantelamiento progresivo de Pemex y la crisis económica en las zonas petroleras de Campeche y Tabasco dispararon los actos de pillaje en plataformas y terminales marítimas, de acuerdo con datos de la propia empresa.

Mientras en la década previa a la crisis, antes de 2016, los actos vandálicos en perjuicio de la petrolera eran ocasionales, uno cada tres meses, a partir del segundo semestre de ese año y hasta la fecha el promedio es de casi uno al día.

En los últimos 42 meses —de julio de 2016 a diciembre de 2019— la petrolera tiene registrados 936.

Los atracos se han concentrado en dos regiones marinas: la Suroeste, con 508 —el 54.3 por ciento—, la cual abarca instalaciones en aguas territoriales colindantes a Ciudad del Carmen, en Campeche, considerada durante más de 40 años la capital petrolera del país; a Centla, Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, y a Coatzacoalcos y Aguadulce, en Veracruz.

Y la Noreste, con 428 —el 45.7 por ciento—, la cual comprende estructuras en los litorales aledaños a la ya referida Ciudad del Carmen, Hecelchakán, Champotón, Tenabo y Calkiní, en Campeche, además de los límites costeños de Yucatán y Quintana Roo.

Se trata del robo de cargamentos de crudo y de herramientas y materiales, en especial válvulas, rollos de cable eléctrico, tableros de control y de seguridad, monitores, reguladores, bombas hidráulicas, baterías, gabinetes, mallas, luces de navegación y hasta placas antiderrapantes u otros componentes de helipuertos.

El hurto incluye equipos de trabajo como cascos, botas, pantalones, chaquetas y salvavidas.

“Los actos ilícitos en la Zona de Plataformas Marinas y en la Terminal Marítima de Dos Bocas se habían presentado de manera esporádica, presentándose un aumento considerable a partir del segundo semestre de 2016, coincidiendo con la liberación de las Zonas de Seguridad en la Sonda de Campeche y con la baja de la economía de la región”, refiere el reporte de Pemex.

LA FARSA. De manera paradójica, la liberación del perímetro de seguridad en derredor de las instalaciones petroleras, ahora citada como detonante de la delincuencia, fue anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a principios de mayo de 2016, como parte de un supuesto Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, cuyas economías habían comenzado entonces un proceso de deterioro.

La medida requirió de un Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de ese año, en el cual se redujo el área de seguridad “alrededor de los pozos, plataformas y demás instalaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas marinas mexicanas”, a sólo 500 metros, con el argumento de impulsar el desarrollo pesquero y acuícola en la región.

“Esto significa que se autoriza la pesca en una zona en la que estaba prohibida, que se extiende aproximadamente a 10 mil kilómetros cuadrados, lo que permitirá que un importante número de pescadores puedan ejercer su actividad”, justificó Peña.

Este decreto pretendió anular el Acuerdo Secretarial 117 del 11 de septiembre del 2003, signado para determinar áreas de exclusión para los pescadores y áreas de prevención en torno a las más de 230 plataformas de la compañía nacional.

Pero el 7 de diciembre de 2017, apenas unos meses después de la decisión de Peña y ante el incremento desmesurado de los saqueos, la Secretaría de Marina intentó revertir con urgencia aquella liberación, ampliando de nuevo los polígonos en un radio de 5 mil metros.

“Recientemente se han presentado una serie de robos y actos vandálicos a la infraestructura petrolera por medio de embarcaciones menores que se encubren con las embarcaciones ribereñas dedicadas de manera legal a realizar actividades de pesca. Estas circunstancias han provocado cuantiosos daños y pérdidas materiales, que ponen en riesgo de sufrir daños mayores a las plataformas y afectar al proceso de producción petrolera. De generalizarse un esquema de inseguridad en la Sonda de Campeche, se podría afectar el flujo de inversión nacional privada y extranjera, elementos fundamentales de la reforma energética”, expuso la dependencia en el acuerdo modificatorio.

Sin embargo, sin una política federal clara sobre el tema y entre jaloneos en Sagarpa, Semar, Pemex y autoridades estatales, hubo quien, a nivel local, impulsó la idea de una apertura no de 10, sino de 15 mil kilómetros cuadrados, lo cual facilitó aún más, según la petrolera, el accionar de la mafia.

CONTUBERNIO.¿Quiénes son los malhechores?… Las visiones son opuestas.

“Participa gente que se dedicaba a la pesca en Ciudad del Carmen, que conoce esas rutas exclusivas, que tiene medios de transporte, pero están en complicidad con las autoridades, porque saben dónde comercializar el combustible robado y la Marina parece extraviada en el asunto”, asegura Moisés Frutos, investigador de la Universidad Autónoma del Carmen.

—¿Complicidad?

—Hemos recabado testimonios de quienes trabajan en plataformas y lo que nos dicen es que no son ataques piratas con grupos armados hasta los dientes, sino actos consentidos por los capitanes de navíos, quienes llegan a acuerdos para comercializar el combustible, para entregar lo que tienen en sus tanques u ordeñar los buques oficiales de Pemex; incluso nos han contado que la tripulación se reparte el dinero del botín.

“Hay otras instalaciones petroleras en desuso por los contratos de la reforma energética que se incumplieron; dejan a cuatro o cinco trabajadores de Pemex que, cuando llegan los bandoleros, no oponen resistencia. En algunos casos los robos se atribuyen a quienes han sido lancheros, pero no hay evidencia concreta”, refiere Esther Solano Palacios, otra investigadora de la UNACAR.

Y desde un ángulo distinto, Ramón Martínez, experto en acuacultura de la Universidad local, descarta criminalidad por parte de los pescadores: “Son organización de otro tipo. Los pescadores normalmente no saben qué hay en una plataforma ni tienen las herramientas para desmontar las estructuras; quien conoce el valor de los equipos es gente que ha operado ahí. Son bandas más sofisticadas, que se han venido especializando con el tiempo y se camuflajean. Hay pescadores que incluso han sido afectados: les roban sus motores, sus lanchas, los dejan a las deriva”.

Pero el problema, cristalizado en los atracos, también encierra historias de vida en la desmoronada zona petrolera…

LA ESTRATEGIA EN EL GOBIERNO DE AMLO

► La actual administración todavía no define las zonas de seguridad en torno a las instalaciones marítimas o terminales de Pemex. Hasta ahora, para el resguardo, ha apostado por la coordinación de su Subdirección de Salvaguarda con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y, sobre todo, la Secretaría de Marina.

► A partir de este año se firmó un convenio con Semar, para que al menos dos marinos realicen labores permanentes de protección en plataformas, en jornadas de rotación de 14 horas. En una primera etapa, han subido a bordo alrededor de 80 elementos, pero el número crecerá este año.