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La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia de coronavirus no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de esas medidas fue reconocida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet, debido a razones de salud pública, pero al mismo tiempo se ha advertido que no deben usarse contra la oposición, para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.
Las medida excepcionales de cualquier tipo «deben servir ni más ni menos» para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre como aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.
Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.
En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.
Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden.
En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.
La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas, donde al principio de la crisis sanitaria su presidente, Rodrigo Duterte, dijo que se dispararía contra todo aquel que violara la medida.
Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres, mientras que en Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.
En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú.
Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.
Cagnon comentó que la situación actual facilita la extorsión por parte de efectivos corruptos de las fuerzas policiales, como lo indican denuncias sobre la amenaza de conducir a personas que no respetan el confinamiento a centros de cuarentena obligatoria, sin que hayan tenido ningún contacto con un caso confirmado de coronavirus.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también subrayó que en algunos países las medidas y leyes contra el coronavirus «no están bien definidas» y su no respeto a veces puede ser sancionado con tal dureza que hace pensar que pueden ser utilizadas para «amordazar a críticos, opositores o a la prensa».
Por otro lado, como un llamamiento de derechos humanos relacionado con la pandemia, expertos de la ONU pidieron hoy al Gobierno de Estados Unidos que utilice «alternativas» a la detención de migrantes en espacios repletos e insalubres donde permanecen a la espera de que las autoridades decidan sobre su situación migratoria.
