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En medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país derivado de la epidemia del Coronavirus, el nivel de endeudamiento, de al menos 18 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México aumenta el riesgo de “que caigan” en una crisis que impacte negativamente en su desarrollo económico por la inestabilidad en sus finanzas públicas, advierte la Comisión de Economía del Senado.
Sólo en 14 estados del país, la deuda pública es sostenible y en el resto este indicador se ubica en un nivel medio o alto que ocasiona inestabilidad de las finanzas públicas, afecta la acumulación de capital, presiona las tasas de interés y desincentiva la inversión de la región, detalla el presidente de esa comisión, Gustavo Madero.
El monto total de la deuda de las entidades federativas se ubicó en 576 mil 203 millones de pesos a finales del 2019 según el Sistema de Alertas sobre esta materia de la Secretaría de Hacienda.
La deuda de los estados equivale al 57 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición, que en total ascienden a 996 mil 881 millones de pesos, agrega.
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán son los estados que tienen margen sostenible de deuda pública. Tlaxcala, explicó, “no es objeto de medición del Sistema de Alertas”.
Madero alertó que el alto endeudamiento, al conjuntarse con obstáculos difíciles de superar como desastres naturales o la pandemia que hoy vivimos, impide dinamizar la economía por la falta de recursos para impulsar el crecimiento.
“Lamentablemente, la corrupción y la discrecionalidad han sido una constante en las administraciones estatales y esto ha provocado un endeudamiento difícil de manejar por haciendas públicas deprimidas”, explica.
Con ello, las entidades también corren el riesgo de perder acceso a mayor nivel de financiamiento, pues la deuda es una herramienta que utilizan los gobiernos para repartir sus costos a lo largo del tiempo y se utiliza para el ejercicio de la política fiscal y el financiamiento de inversión pública.
Ante esta situación y los efectos económicos del COVID-19, Madero consideró de vital importancia que el Gobierno federal ponga en marcha un verdadero plan de reactivación económica, que contemple la inyección de recursos al sector salud, mayores transferencias y mejor coordinación con las entidades federativas, a fin de evitar una presión en el sistema de salud y atender al mayor número de personas que requieran hospitalización.
