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Una vez que pase esta emergencia por el COVID-19, Morena buscará la construcción de un nuevo Estado a través de un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que implica reformar el sistema jurídico donde se faculte al INEGI a entrar a los hogares del país sin restricción legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
La propuesta de Morena que realizó a través de su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar establece que el INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.
Con ello, cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.
Bajo la premisa “del Bienestar Social y la lucha contra la desigualdad social”, Morena impulsará que el INEGI ahora tenga la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país pues advierte que “hay miles de millones de dólares inobservados”.
“Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, advierte.
Recalca que la progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.
“La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el Estado de Bienestar” sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen”.
En ese sentido aseveró que la progresividad Fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.
“La proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes”, insistió.
