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Con apoyo de nuevas tecnologías y para privilegiar las disposiciones sanitarias decretadas con motivo de la pandemia, durante más de cuatro meses el Poder Judicial de Tabasco realizó 100 juicios orales, mil 975 audiencias y 4 mil 130 acuerdos en esta nueva etapa de la administración de justicia, en la que a mediano plazo la institución invertirá en el desarrollo de plataformas digitales para mejorar la consulta de expedientes, incluir la solución de conflictos y continuar desahogando audiencias por videoconferencias.
La directora general de Administración del Sistema Acusatorio Oral, Guadalupe Cadenas Sánchez, agregó que del 20 de marzo –cuando dio inicio el receso en la administración de justicia a raíz de la emergencia sanitaria– al 31 de julio se efectuaron 449 audiencias vía la plataforma digital Zoom, al resaltar el compromiso del presidente de la institución, el magistrado Enrique Priego Oropeza, en el cumplimiento de leyes nacionales –la garantía del debido proceso legal a que se refiere el artículo 17 constitucional– y tratados internacionales en materia penal y de derechos humanos, así como preservar la salud de quienes intervienen en los juicios.
Una vez que se inició el regreso paulatino a la normalidad, del 1 de junio al 31 de julio se realizaron 81 audiencias de debate, 18 de individualización de penas y una de lectura por sentencia.
Durante los dos bimestres y 11 días, los jueces emitieron 122 órdenes de aprehensión, autorizaron 26 órdenes de cateo, y 243 vinculaciones a proceso, debido a que se reactivaron los asuntos de las carpetas en trámite, sin detenidos, así como en juzgados de ejecución de sanciones y en materia de adolescentes.
Recientemente, el presidente del Poder Judicial informó que el proyecto de digitalización de la institución incluye modificar también la labor de la Oficialía de partes, lo correspondiente a notificaciones e implementar con mayor regularidad las firmas electrónicas y video audiencias. Las nuevas tecnologías también se utilizarán para llevar a cabo procesos administrativos y con ello simplificar trámites tradicionalmente presenciales, dijo.
Por su parte, la directora general de Administración del Sistema Acusatorio Oral destacó que el personal que labora en juzgados de control y de ejecución de sanciones penales de adultos y adolescentes, así como tribunales de juicio oral y áreas administrativas han recibido materiales de protección y de higiene para desarrollar sus actividades y cuidar estrictamente las medidas de sanidad establecidas en el protocolo de medidas para la nueva normalidad aprobado por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y en especial los casos donde las partes involucradas en el proceso se oponen a las audiencias virtuales por lo que se han llevado a cabo presencialmente.
Cadenas Sánchez informó que durante esos cuatro meses y 11 días se judicializaron 423 causas (212 de ellas por flagrancia y 162 por órdenes de aprehensión). Del total de las mil 975 audiencias celebradas, 213 audiencias correspondieron a controles de detención –en las que el juez revisa que la aprehensión de un presunto responsable de un ilícito se haya efectuado con el respeto al orden legal y las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos–, 266 fueron audiencias de formulación de imputación, 276 de vinculación a proceso, 254 para fijar medidas cautelares, 236 audiencias más para determinar plazos de cierres de investigaciones, 118 audiencias intermedias y 50 de procedimientos abreviados.
En el caso de las audiencias de juicio oral suspendidas ante el inicio de la pandemia en Tabasco se reactivaron inicialmente los juicios con detenidos. Actualmente los de quienes no están detenidos fijaron nuevas fechas para recomenzar los procesos y paulatinamente los juzgadores se han puesto al día para abatir el rezago hasta donde lo permiten las disposiciones sanitarias de los gobiernos federal y estatal, aseveró.
En entrevista en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 6+800 de la carretera Villahermosa-Frontera, la funcionaria comentó que para dar mayor celeridad a los procesos penales cuando las condiciones sanitarias sean propicias se agendarán de manera pronta las audiencias relativas a suspensiones condicionales del proceso; revisiones de suspensiones condicionales, y de acuerdos reparatorios, y el establecimiento de acuerdos reparatorios entre imputado y víctima, entre otros. Este tipo de audiencias tiene una duración que no supera los 30 minutos, indicó.
La ex jueza penal, con una trayectoria de casi 41 años en el Poder Judicial, manifestó que de marzo a julio los jueces de control fijaron medidas de protección, esto es, en 250 causas emitieron al menos una medida cautelar, esencialmente en los casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres violentados.
“Las opciones legales son que se ratifiquen, cancelen o modifiquen las medidas de protección que concedió el fiscal, principalmente en los delitos de violencia familiar, pero por lo regular se ratifican”, observó.
En la categoría de audiencias de corta duración también se encuentran los casos de solicitud de ratificación de ingreso a domicilios, que ocurren cuando el Ministerio Público cumple un requisito legal en relación a cateos domiciliarios en los que debe existir el consentimiento del propietario.
Por lo que se refiere a juzgados de ejecución de sanciones penales para adultos, del 20 de marzo al 31 de julio registraron 217 ingresos, 43 audiencias celebradas, 110 libertades por compurgamiento de pena, 22 por sustitutivo de prisión y cuatro órdenes de reaprehensión ejecutadas. Mientras que en el Juzgado Especializado en Ejecución de Medidas Legales para Adolescentes se registraron nueve expedientes iniciados, diez procesos terminados por cumplimiento de medidas legales, y ocho audiencias celebradas.
Explicó que una de las bondades del nuevo sistema penal es que las partes, ofendido o víctima e imputado –con el apoyo de asesor legal, defensa y fiscal del Ministerio Público– pueden llegar a acuerdos para la pronta reparación de daños y con ello se sobreseen las causas penales, lo que implica menos carga de trabajo y gastos para el Estado mexicano.
Estos acuerdos reparatorios tienen vigencia en casos de delitos por querella, culposos y patrimoniales cometidos sin violencia, los cuales establece el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el caso de las suspensiones condicionales del proceso, éstas ocurren cuando una persona confiesa su participación en hechos delictivos no graves–cuya pena no rebase el promedio de cinco años–, y expresa su disposición de pagar daños a la víctima, acuerdo que es vigilado por un juez ejecución de sentencias. Una vez que termina de pagar los daños se emite un auto de sobreseimiento de la causa penal.
Un proceso diferente es un procedimiento abreviado, establecido en la reforma constitucional penal de 2008, en la cual en la mayoría de las veces el imputado acepta su responsabilidad en hechos de carácter delictuoso y es condenado.
La funcionaria judicial dijo que en el estado laboran 47 jueces dentro del nuevo sistema acusatorio y oral, tres de ellos especializados en materia de adolescentes, cuatro son de ejecución de sanciones penales, 18 de control de adultos, 21 de enjuiciamiento y un juez de supervisión de acuerdos.
LABORES
- 1,975 audiencias
- 4,130 acuerdos
- 449 audiencias vía Zoom
- 122 órdenes de aprehensión emitidas
- 26 órdenes de cateo
- 243 vinculaciones a proceso
FOTO: CORTESÍA
