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Por: Ramón Aguirre Díaz
Sin duda, la negociación que encabezó en 1944 el ingeniero Adolfo Orive Alba, entonces director de la Comisión Nacional de Irrigación, fue realmente extraordinaria, ya que obtuvo grandes beneficios para México, sin generar ninguna afectación a derechos adquiridos; al contrario, se hizo una previsión de un incremento en la demanda futura para la agricultura de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Conforme al Informe Técnico sobre el Tratado Internacional de Aguas que presentó al Senado de la República en 1945, en la Subregión 6 Tributarios de la Región Hidrológica 24 Bravo–Conchos, se tenía entonces un consumo de 1,883 millones de metros cúbicos de agua (Mm3) y se tomó la previsión de un incremento del 55% (resultando 2,819Mm3), para poder considerar un volumen necesario para satisfacer la demanda futura.
Para el río Conchos, en el estudio se determinó incrementar de los 843 Mm3 de consumo que se tenían, a 1,275 Mm3. Esta cifra fue alcanzada treinta años después, en 1974, año en el que los distritos de riego de Chihuahua ya requerían de esa cantidad de agua. Estudios de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico indicaban que no era recomendable sumar más hectáreas de cultivo, porque se podrían afectar a los usuarios de bajo río Bravo y se pondría en riesgo el cumplimiento del tratado internacional. No obstante, aprovechando años de buenas precipitaciones, en los ochentas se incrementaron en más de 20 mil ha. los distritos de riego y en los años noventa, se dieron facilidades administrativas para regularizar usos irregulares, dando las concesiones correspondientes. El resultado es que ahora Chihuahua demanda más de 1,800 Mm3 al año, de los que 525 Mm3 no estaban previstos. Pero, siendo claros, el principal culpable fue la Conagua, que a lo largo de muchos años fomentó y permitió un crecimiento excesivo, y entregó a los agricultores más agua de la que se había considerado, generando un antecedente funesto.
En un informe de la Comisión Internacional de Límites y Aguas se indicó que para el 12 de septiembre faltaban por entregar 363.6 Mm3, los que serían imposibles de cumplir aun derivando agua de La Boquilla (que, además, los agricultores chihuahuenses no permiten). Por consiguiente, la Conagua informó en días pasados que entregaría el agua almacenada en las presas internacionales, donde México cuenta con unos 217 Mm3, pero que como se trata de agua requerida para el abastecimiento público-urbano de once ciudades fronterizas, solicitaría posteriormente un “préstamo” de agua a los Estados Unidos para poder abastecerlas. Poco ortodoxo, pero no hay de otra.
En el escenario de los próximos años, para resolverlo sólo tenemos dos caminos. El primero, un Plan de Manejo de la Cuenca del Río Bravo que se acuerde y respete por todos, que ponga orden y sujete la dotación de agua a la real disponibilidad y bajo un criterio de equidad. No se trata de que quien esté aguas arriba sea quien acapare el líquido, sin reconocer los derechos de los demás. Además, se requiere eliminar todos los usos no autorizados, incluido el huachicoleo del agua que, efectivamente, se tiene, e invertir unos 2,500 millones de pesos para eficientar las conducciones en los distritos de riego y recuperar agua que se pierde. El segundo camino sería reconocer que ya no podemos cumplir y pactar un nuevo acuerdo internacional, algo inadmisible en todos los sentidos. Por cierto, el cumplimiento de la entrega del agua conforme al tratado tiene prelación sobre los usos agrícolas, ya que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y sólo por debajo de la Constitución.
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