Biden busca mejorar relación con México

“La llamada fue cordial y amistosa. Todo indica que serán buenas relaciones”. Así describió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la charla telefónica que sostuvo el pasado viernes con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La llamada en sí es un gesto de buena voluntad por parte del presidente demócrata, teniendo en cuenta que el mandatario mexicano fue uno de los últimos líderes en felicitarle por su victoria y siempre presumió de su amistad con el derrotado Donald Trump. De hecho, la llamada de Biden a AMLO -dos días después de jurar el cargo- fue la segunda a un mandatario extranjero en el arranque de su gobierno. La primera fue al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, del todo comprensible, no sólo porque fue el primer líder en felicitarlo de forma entusiasta, sino porque es lo que se esperaría del mayor socio comercial con su país.

Pero, más allá del gesto de Biden, lo que convenció a López Obrador fue que el nuevo presidente de EU coincida con él en uno de los temas que más preocupa al mandatario mexicano: la crisis migratoria.

«No creo cometer una indiscreción. El presidente Biden me manifestó que van a destinar cuatro mil millones de dólares de apoyo a los tres países de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esto nos va a ayudar mucho; se complementa con lo que ya estamos llevando a cabo a nuestro país, de sur a norte: ir creando cortinas de desarrollo», aseguró López Obrador el sábado, visiblemente satisfecho de que Biden -a diferencia de su amigo Trump- comparta su tesis de que la mejor forma de contener las caravanas de migrantes no es mediante muros de policías, sino ayudando al desarrollo de las comunidades de origen.

Los migrantes ya no son criminales.

De igual manera, el presidente mexicano celebró la intención de Biden -firmada mediante decreto el primer día de su mandato- de realizar una reforma migratoria que ofrezca a los once millones de indocumentados -la mayoría de origen mexicano- la oportunidad de regularizar sus papeles y convertirse en ciudadanos estadunidenses, en un plazo de ocho años.

Además, en el mismo decreto, Biden incluyó una cláusula por la que daba prioridad a la regularización de los cientos de miles de jornaleros indocumentados y de los aproximadamente 600 mil “dreamers”, cuya residencia en EU, amparada por el programa DACA, Trump quiso eliminar.

«Vamos a exhortar de manera respetuosa a los legisladores de Estados Unidos para que se apruebe esa iniciativa del presidente Biden y se regularice la situación de los mexicanos», declaró López Obrador, pese a que en su momento fue muy criticado por no haber condenado a su amigo Trump cuando llamaba criminales a los mexicanos, o cuando separó a los niños de sus padres en la frontera, o cuando permitió que México se convirtiera, de facto, en el patio trasero de Estados Unidos, donde los migrantes de las caravanas esperaban un visa humanitaria que nunca iba a llegar.

Alivio y aplausos de la Coparmex.

Tal como predijo hace una semana José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tras jurar Biden como presidente, la llegada de un nuevo liderazgo a EU debe ser aprovechada por México para “retomar el entendimiento respetuoso entre ambos países”, lo que parece confirmarse con la llamada que sostuvieron ambos mandatarios, y que entierra (de momento) la crisis por el caso Cienfuegos y el polémico papel de la DEA en el combate al crimen organizado en México.

“El escenario es prometedor, si desde México se toman las decisiones correctas”, declaró Medina Mora, sin especificar qué medidas serían, pero recordando que “la relación entre México y Estados Unidos atravesó por diversos altibajos y momentos de tensión derivados, en gran medida, por la postura de Trump en temas sensibles para ambos países como la migración y el proceso de negociación del T-MEC”.

Una de las medidas de Biden que agradan al empresariado mexicano es el gigantesco paquete de ayuda de Biden de 1.9 billones dólares para ayudar a las familias golpeadas por la crisis pandémica y reactivar la economía de EU, lo que impulsará el comercio bilateral y aumentará el caudal de remesas.

“Ganamos a la izquierda sediciosa”.

Otra de las medidas aprobadas en su primera semana en la Casa Blanca fue decretar una moratoria de cien días a las deportaciones, para desterrar la escandalosa y cruel política del ya expresidente de EU, que autorizó bajo su mandato la “cacería de ilegales”.

Pero fue entonces cuando el presidente Biden se estampó con la realidad. Trump perdió las elecciones y las dos cámaras del Congreso están controladas ahora por los demócratas, pero muchos estados de EU siguen controlados por los republicanos y Trump aprovechó maquiavélicamente sus cuatro años de mandato para colocar a jueces fieles a su doctrina populista y ultraconservadora en cortes federales y en la Corte Suprema.

En esta misma primera semana de Biden en el poder, un juez del sur de Texas ordenó anular la moratoria de cien días que decretó Biden a las deportaciones exprés que ordenó el anterior mandatario republicano. Esto no habría sucedido si el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, no hubiese interpuesto una querella al mejor juez posible, Drew Tipton, una de las decenas de magistrados elegidos por el entonces presidente Trump para que bloqueen cualquier ofensiva progresista contra su legado ultraconservador y supremacista blanco.

El martes, el juez federal texano no sólo logró paralizar temporalmente la moratoria de Biden a las deportaciones, sino que ordenó al nuevo gobierno de EU que localice a los inmigrantes liberados en esta semana para que sean deportados.

La reacción del fiscal texano a lo sucedido es la mejor prueba del difícil gobierno que le espera a Biden, con un poder judicial controlado por los republicanos: «Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la Administración de Biden. Y GANAMOS», escribió en Twitter.

«Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos», concluyó, advirtiendo así al gobierno de Biden de que la guerra por el espíritu de Estados Unidos -progresista o conservador- no está ni mucho menos acabada.