Emilio

Columna: Prospectiva

Por: Emilio de Ygartua M.

* El largo y sinuoso camino de la guerra en Ucrania

* Crecen las tensiones en el Viejo Continente

El largo y sinuoso camino de la guerra en Ucrania

Haciendo a un lado los calificativos que han derivado del muy corto pero intenso ejercicio legislativo que tuvo como resultado que la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el jefe del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados no fuera aprobada al no haber alcanzado la mayoría calificada que establece nuestra Carta Magna, es tiempo de reflexionar, más allá de la polarización, no sobre quién ganó o quién perdió con este resultado, sí sobre los efectos que para México tendrá este hecho.

La alianza integrada por el PAN, PRI y PRD, a la que se unió, no sé si de manera temporal o coyuntural, Movimiento Ciudadano, considera un “triunfo” el que no haya pasado esta iniciativa a la que se opusieron incluso antes de ser presentada. Su visión de corto plazo los lleva a considerar que este revés puede cambiar el escenario electoral para el inmediato junio cuando se renovarán los poderes ejecutivos de seis entidades, de las cuales, cuatro, presentan resultados de encuestas que en nada les favorecen; de igual forma, piensan que ello tendrá un efecto de más largo plazo en el 2024.

Esta visión cortoplacista no les permite ver los efectos que, para el país, no para Andrés Manuel López Obrador, no para Morena y sus aliados, tendrá el haber asumido una estrategia que tuvo como único objetivo el que dicha reforma no pasará la aduana legislativa, privilegiando, primero, “el todo o nada” y, al final, “el háganle como quieran” pero la reforma “está muerta”.

Los promotores de este rechazo están molestos por los calificativos de “traidores a la patria” que les adosan, sin embargo, se les olvida que ellos han utilizado esos mismos epítetos para descalificar a quienes han aceptado cargos diplomáticos, o al diputado del PRI que transitó a Morena y votó a favor de la reforma. Del Partido Acción Nacional no sorprende su postura, está en su ADN. En su acta de nacimiento encontramos la huella indeleble de su oposición al nacionalismo revolucionario al que le asignaron acta de defunción cuando fueron gobierno, con Vicente Fox y Felipe Calderón. Hay que reconocer que este instituto político ha logrado arrastrar a ese sendero a dos partidos que, nuevamente, han renunciado a su esencia, que se ha evaporado, como suele ocurrir con los perfumes viejos y baratos.

Pero no debemos perdernos en este escenario que no es, para nada, el que permitirá entender el daño que se le ha hecho al país al no aprovechar esta oportunidad de modificar muchos de los graves errores, de los evidentes propósitos de entregar al capital extranjero el control o la predominancia en un sector estratégico para cualquier nación como es el energético y, en este caso, específicamente el del espectro eléctrico. Si hacemos un análisis retrospectivo comprobaremos que desde un principio este grupo opositor se manifestó, en lo general, opuesto a la iniciativa presidencial; sin embargo, paulatinamente, fue sumando algunos puntos en los que centró sus objeciones.

Estas argumentaciones se fueron alineado a los planteamientos provenientes del sector privado nacional, primero, y luego a las objeciones presentadas por empresarios extranjeros que, en todo momento, insistieron que dicha reforma era improcedente, que ponía en riesgo sus inversiones actuales y las futuras, y que lo que devendría sería una cascada de demandas y, sobre todo, la fuga de capitales y la resistencia a generar nuevas inversiones a causa de un “escenario de incertidumbre”.

No olvidemos que las oposiciones solicitaron postergar la discusión sobre la reforma, primero, por la consulta para la revocación de mandato, luego, porque no consideraba “pertinente” que esta se hiciera antes de las elecciones de junio próximo. Escuchamos voces de la misma oposición acusando a Morena y sus aliados “de cerrazón”, de no querer escucharlos. Ante este planteamiento, se convocó a un “Parlamento Abierto” en el que durante varios días se escucharon las voces tanto de los que consideraban positiva la reforma, como las de aquellos que expresaban sus preocupaciones y, sobre todo, insistían en los efectos negativos que su aprobación generaría para el país. Insistían, sin fundamento, en que se ponía en riesgo la vigencia del T-MEC.

A las voces internas se sumaron las externas, no sólo las de los empresarios que se anticipaban afectados, también de sus gobiernos que no escatimaron esfuerzos en el propósito de obligar al gobierno a recular sobre su propuesta. Las actitudes intromisorias están plenamente documentadas. La participación del embajador Ken Salazar, del secretario de Estado norteamericano y hasta una llamada del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, evidencian este afán intervencionista, de falta de respeto a nuestra soberanía nacional, asunto, por cierto, que nunca mereció una protesta de los grupos opositores que, por el contrario, las alentaban.

Lo paradójico del caso es que ese mismo bloque opositor presentó, con bombo y platillo, una propuesta con doce puntos que consideraban deberían ser la base de sustentación de la reforma energética. Calificaron que esos puntos eran esenciales para que sus bancadas aprobaran en el pleno la reforma: “O todo, o nada”.

Recordemos en primera instancia la bancada de Morena y sus aliados se negaron a incorporar esa lista, pero en los días previos a la sesión en la que sería discutida la iniciativa se consideró viable aceptar nueve de los doce puntos, lo que generó el rechazo de la alianza, motivo por el cual, antes del inicio del debate en el pleno de la Cámara baja el domingo antepasado, se aceptó incluir todas las propuestas con ligeras consideraciones. Para sorpresa de muchos, “el todo o nada” se transformó en un rotundo no a la reforma, con el resultado que ya conocemos.

¿Por qué el bloque opositor rechazó esta oferta? ¿Por qué optaron por votar en lo general y en lo particular contra una reforma que condujera a la nación por la ruta de la soberanía energética, que corrigiera los excesos de las reformas del 2013, aprobadas, por cierto, por los diputados y senadores de los tres partidos que hoy integran esa alianza opositora?

Dos preguntas que no tienen respuesta. Lo evidente es que con esa postura se canceló, al menos por el momento, la posibilidad de sacar adelante una reforma eléctrica que garantizará “el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano”, propuesta número uno de “Va por México”, que también planteó que la Carta Magna garantizara “el acceso a la energía eléctrica al costo más bajo posible, estableciendo mecanismos que permitan a la ciudadanía generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles.”

El bloque opositor proponía, asimismo, “el fomento del uso de energías renovables” y la reformulación del modelo de CEL´s para alinearlo con los IREC (Certificados Internacionales de Energías Renovables), pasando estos a ser nacionales e internacionales. No obvio mencionar que manifestaron en el documento con sus doce propuestas, estar de acuerdo con “la transición energética”, en términos similares a los planteados en la iniciativa presidencial que proponía que esa transición se convirtiera en “una obligación del Estado” pero con la participación del sector público, privado y social”.

Si había tantos puntos coincidentes: ¿Por qué se optó por recorrer un camino que nos llevaría al vacío? ¿Tan fuertes eran las presiones internas y externas y los compromisos asumidos? Pronto lo sabremos.  Otra interrogante: ¿Se les olvidó a los legisladores opositores que días antes la Corte había otorgado validez a la Ley Eléctrica?  Estas preguntas estarán en la mente de todas y todos los mexicanos en los próximos días, en los próximos meses. Tenemos una Ley Secundaria que, seguramente seguirá siendo atacada desde dentro y fuera del país, pero cuya constitucionalidad, ratificada por la Suprema Corte le otorga al Estado mexicano herramientas para frenar los abusos de quienes, al amparo de la Constitución reformada en el 2013, han hecho pingües negocios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la semana pasada que “habrá diálogo con empresas por la ley eléctrica”. El gobierno federal procurará evitar ir a los tribunales. El escenario está muy claro: la Corte ha declarado “ilegal el esquema de auto abasto”, por ello, el mandatario considera que es necesario dialogar con las firmas que tienen contratos de este tipo “para hallar una salida que no sea la penal”.

Esta semana iniciarán las pláticas con las firmas sujetas a ese modelo. Luego de pedir que estas charlas se “hagan de manera sería”, el primer mandatario de la nación conmino a que se encuentren caminos para acatar lo que marca la ley secundaria. “(…) yo tengo que aplicar la ley, de lo contrario, me convierto en cómplice”. Insistió en que se debe privilegiar el diálogo, lo que aplaudieron los dirigentes del CCE y de COPARMEX, que días antes festinaron el fracaso de la reforma eléctrica. Hoy, no les queda otro camino que aceptar la realidad: la Ley Eléctrica está vigente, es derecho positivo, hay que acatarla. Toca al Ejecutivo velar que ello ocurra.

“Privilegiar el diálogo -insistió el tabasqueño- no significa hacerse de la vista gorda, porque sobre la cuestión del autoabasto eléctrico ya no hay amparo que valga”. ¿Las cosas hubieran sido distintas con la reforma eléctrica? El hubiera no existe, menos en política. La realidad política, el escenario jurídico que dejó la escalada oposicionista del domingo antepasado, no deja otra alternativa a las empresas, las 10, las 20, la mayoría extranjeras, cuyos abogados deberán revisar lo que resolvió la Suprema Corte, partiendo de la base de que ya es considerado ilegal, “que es un fraude ese mecanismo del autoabasto”, que no es otra cosa que “mercado clandestino”, enfatizó el presidente de la República, Andrés Manual López Obrador.

¿Sería el escenario distinto si se hubiera aprobado una reforma energética? Es una respuesta que, al menos en este sexenio no tendremos, pero de lo que no queda duda es que la Ley Eléctrica sí alcanza para impulsar un proceso de transición donde “no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y, al mismo tiempo, se les brinden opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”.

Sobre la reforma a la Ley Minera y la reserva del Estado sobre el litio un recurso con una prospectiva de enorme importancia para el país, escribiremos la próxima entrega. Que tristeza que legisladores del bloque PAN, PRD y PRI optaron por el mutis, por la abstención en un tema tan importante para garantizar la soberanía energética de México en los años por venir. En ese tema, hay que reconocer que algunos diputados de Movimientos Ciudadano y del PRI, entendieron la importancia de salvaguardar este recurso minero, que si bien es cierto está protegido por la Constitución desde su promulgación, no sobra, fortalece, el que la Ley Minera ratifique esa defensa y establezca las bases para garantizar que su usufructo se de en beneficio de los mexicanos y las mexicanas.

A dos meses del inicio de la escalada invasora de Rusia sobre Ucrania, no se observa que este conflicto, que mantiene en tensión a Europa y al Mundo, pueda resolverse. Putin no cede un ápice en su propósito de controlar territorios estratégicos de la nación invadida; intención que se ha visto frenada por la resistencia de ejército y civiles locales que han vendido cara su derrota. La ayuda de Occidente, en dinero y armamento, sigue fluyendo, sin embargo, no son garantía de que el gobierno de Ucrania pueda revertir un escenario propenso a la derrota.

Las tensiones son crecientes toda vez que el presidente ruso no sólo sigue por la misma ruta trazada antes de iniciar la invasión, además, suma, día tras día, amenazas dirigidas a las naciones que se han manifestado opuestas a sus propósitos geopolíticos a través de la ayuda enviada y por las sanciones impuestas a su país considerados por él como “actos de guerra”.

Lo paradójico de este evento bélico es que cada vez que Ucrania ataca espacios rusos, o cuando ocurre el hundimiento de un barco insignia del invasor por causas aún no establecidas, Moscú responde furiosa, como si el monopolio de los ataques fuera ya una patente de corso para el invasor. Preocupa, y mucho, el uso de armas prohibidas por ambos bandos, como lo ha evidenciado en diversos artículos el diario estadounidense “New York Times”. En este punto, para variar, se observa la inoperancia de la ONU y de los organismos internacionales responsable de impedir su uso y sancionarlo.

En este entorno surgen otros componentes que pueden escalar el conflicto provocado, insisten Rusia y China, por los afanes prooccidentales del gobierno de Kiev, manifiestos en su propósito de integrarse a la OTAN, la excusa de Moscú para jalar el gatillo e iniciar esta cruenta batalla contra Ucrania y su población. ¿Qué sucederá si Finlandia y Suecia se suman a esta Organización? La reacción ha sido más que rápida. Putin ha anunciado que, si ocurre esa incorporación a la OTAN de esos dos países, de inmediato se dirigirán sus misiles atómicos hacia sus vecinos.

Ninguna de las dos primeras ministras ha respondido ante esta amenaza, por el contrario, se les observa muy decididas a continuar el trámite. No obvio mencionar que los habitantes de una ciudad finlandesa que tiene frontera con Rusia han expresado su temor de que las amenazas del presidente ruso se hagan realidad. Como ya se ha mencionado en este espacio, el temor de los países limítrofes con Rusia (Polonia, Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia) tiene fundamentos. Por cierto, Ucrania, que ha iniciado el proceso de incorporación a la Unión Europea.

Crecen las tensiones en el “Viejo Continente”

¿Arde Europa? Nos preguntamos en este espació dos semanas atrás. Me parece que el Viejo Continente vive un momento sumamente complejo. A los daños derivados de la pandemia y la crisis económica provocada por el confinamiento, se suman los efectos de este conflicto bélico que ha tensado las relaciones con Rusia. Los planes de recuperación económica se han vuelto inoperantes e insuficientes. Todos los países de la región han sido obligados a realizar una reingeniería presupuestal y a establecer prioridades en un contexto que pone en riesgo la gobernabilidad.

Niveles inflacionarios no vistos en al menos tres décadas, agitan las aguas y son caldo de cultivo para que los opositores de cualquier país acusen al gobierno en turno de inoperancia y de falta de argumentos para enfrentar una crisis que ya era grave pero que se ha agudizado debido al conflicto. Sumado a lo sanitario y económico, se observan presiones que irán escalando por temas como el migratorio que ya era problema antes de la guerra pero que se ha potenciado a causa de la salida forzada de su país de millones de ucranianos que ya tienen presencia en naciones de Europa central, y hasta en México donde aguardan la oportunidad de cruzar la frontera y ser beneficiarios de asilo político en los Estados Unidos.

Estas nuevas olas migratorias, las que llegan del norte de África, que obligaron al gobierno español a transitar a la neutralidad en el asunto no resuelto de la autonomía del Sahara Occidental, otorgando a Marruecos un espacios para el control de esa región con la consiguiente oposición de Argelia; las que llegan desde Siria y ahora las provenientes de Ucrania, han reforzado los argumentos xenofóbicos y nacionalistas de partidos de extrema derecha que se oponen a que estas migraciones sean beneficiarias de medidas políticas laxas. Ángela Merkel impulso una estrategia que, desde luego, no contemplaba que la ola migratoria se desbordara.

Un ejemplo de estas tensiones se ha visto en Francia a lo largo del trasiego electoral que pasa por dos etapas. En la primera vuelta, ninguno de los 9 candidatos lograron una mayoría absoluta, lo que obligó a la celebración de una segunda vuelta que enfrentó al actual presidente del gobierno galo, Emmanuel Macron, representante de un centrismo cada día más difuso, con la líder de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, heredera de un partido formado por su padre en los tiempos de la Guerra Fría con la finalidad de evitar el avance de los partidos marxistas en la nación cuna de la Revolución Francesa.

El triunfo, y reelección de Macron para un segundo período, no fue sencillo, si bien es cierto que obtuvo más del 55% de los votos, no fueron pocos los momentos en los que las expectativas no se veían tan claras, especialmente por las dudas que emergieron, con total justificación acerca del destino de los casi 8 millones de votos que logró Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta.

¿Por qué la incertidumbre? Porque el candidato de la izquierda que compitió con el lema “Otro mundo posible”, que obtuvo el mayor número de sufragios en la capital francesa, y el tercero después de Macron y Le Pen a nivel nacional, había declarado que ninguno de sus votos iría a la bolsa de la líder de la extrema derecha gala, pero nunca se decantó a favor del ocupante del Palacio del Eliseo. Finalmente, la mayoría de los ciudadanos decidieron evitar, por tercera ocasión, que la líder de Reagrupamiento Nacional hiciera posible su sueño.

No omito señalar la justificada preocupación manifiesta en un documento redactado en conjunto por los mandatarios provenientes de la socialdemocracia europea: Pedro Sánchez (España), Olaf Scholz (Alemania) y Antonio Costa (Portugal). Sobre las elecciones celebradas ayer señalaron: “Votar en Francia: por la extrema derecha o por Europa”. Se hizo por Europa, sí, pero los tres, y Emmanuel Macron con ellos, saben muy bien que la estabilidad y la pervivencia de la Unión Europea es inversamente proporcional al avance de la extrema derecha en el Viejo Continente.

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