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Un grupo de 45 países miembros de la ONU pidió ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela «ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país», y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente.
Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones «las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención».
Entre los Estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la UE como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania, así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá.
Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral.
Detenciones de niños y discapacitados
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio la situación ha empeorado con «detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad», indicó la declaración.
También hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad pero también por grupos de civiles armados conocidos como «colectivos», así como otros abusos que incluyen «la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González», exiliado en España.
«Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica», señaló la declaración.
Ésta también lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (lo que tuvo como efecto la expulsión del país de sus trabajadores en Venezuela el pasado mes de febrero) y reclamó que se reanude esta relación.
También solicitó que se permita ingresar a Venezuela a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, responsable de investigar abusos de derechos humanos en el país y que presentará su más reciente informe al respecto el próximo 19 de septiembre ante el mismo Consejo de la ONU.
