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Agencias
En su primera comparecencia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos expuso ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos de un nuevo plan estratégico de procuración de justicia, cuyo objetivo central es construir una institución moderna, eficaz y con las víctimas como eje principal.
“Vamos a consolidar una Fiscalía acorde a las exigencias actuales, que actúe con ética, integridad y profesionalismo. Seguiremos combatiendo cualquier forma de corrupción o negligencia”, señaló Godoy, quien asumió el cargo tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.
La fiscal detalló que el documento —que será entregado formalmente en los próximos días— contempla seis ejes principales, orientados a fortalecer la coordinación con el Gabinete de Seguridad, robustecer las 33 fiscalías estatales y aplicar un nuevo modelo de investigación e inteligencia ajustado a los estándares probatorios del sistema penal mexicano.
Uno de los puntos centrales será la reestructuración y modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el fin de que su labor se enfoque de manera más precisa en los delitos de alto impacto.
Durante la sesión del Consejo, donde también participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC Omar García Harfuch y los 32 gobernadores, se aprobó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, una estrategia para enfrentar uno de los delitos que más aquejan a la población.
García Harfuch informó que, desde el lanzamiento de la estrategia federal el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil reportes a la línea anónima 089 y se ha detenido a más de 600 presuntos extorsionadores en al menos 22 estados. Subrayó además la necesidad de reforzar la profesionalización policial, mejorar la coordinación entre instituciones y optimizar los sistemas de información.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum calificó la extorsión como uno de los “grandes retos” del país, celebrando la aprobación de la Ley contra la Extorsión, la cual permitirá que la FGR persiga este delito sin necesidad de una denuncia previa de la víctima, como ocurría cuando era considerado exclusivamente del fuero común.
