Partidos no quieren recortar gastos

El Gobierno Federal y al menos 12 estados; organismos autónomos; el legislativo y el Poder Judicial de la Federación iniciaron la aplicación de acciones de austeridad como respuesta al clima de inestabilidad económica derivado del gasolinazo. En contrapartida, los partidos políticos han mantenido silencio respecto a si generarán ahorros en el uso de las prerrogativas de recursos públicos que reciben para su operación cotidiana y para las elecciones que se realizarán este año.

A diferencia de lo que ocurría antes de la última reforma electoral, la legislación actual y decisiones del Poder Judicial permiten que los recursos públicos que no utiliza un partido político sean devueltos a las arcas públicas a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior, para el caso de recursos para campaña, fue objeto de una revisión puntual de la Suprema Corte de Justicia hace seis meses, en la que se dictaminó que si bien esto no se menciona explícitamente en la legislación electoral, la devolución de cualquier recurso público no ejercido es un procedimiento aplicable en lo general, es decir, que debe realizar una dependencia de gobierno o un partido político por igual.

Incluso, uno de los consejeros electorales, Antonio Baños, hizo un llamado a que los partidos se sensibilicen en este tema, aunque dejó bien en claro que no puede ser decidido por el INE, ya que las prerrogativas se establecen por ley.

Actualmente, el financiamiento global de los partidos se establece a partir del número de electores en el país. Entre más ciudadanos cuenten con registro y credencial electoral, la bolsa de recursos públicos a repartir entre partidos es mayor.

Este monto se multiplica cuando, como este año, hay elecciones, ya sean de carácter federal o local.

En 2017 y sin contar el dinero que recibirán para atender elecciones, los partidos políticos recibirán 3 mil 940 millones de pesos.

MEDIDAS FEDERALES. El Presidente Enrique Peña Nieto adelantó las acciones de austeridad en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. El documento establece, entre otras medidas, la reducción del salario de los funcionarios de alto rango en un 10 por ciento.

El Ejecutivo, que previsiblemente anunciará otro tipo de reducciones en sus gastos, llamó a que los organismos de Estado y los gobiernos locales realicen acciones similares.

De raíz, en el INE. El órgano electoral del país estableció cinco medidas:

La suspensión de la construcción de sus oficinas centrales, las cuales tenían aprobado un presupuesto por mil 70 millones de pesos. El presupuesto queda a disposición de la SHCP para que se destine a áreas prioritarias.

Los consejeros electorales así como los integrantes de la Junta General Ejecutiva redujeron su nómina en un 10 por ciento.

Los consejeros electorales así como los integrantes de la Junta General Ejecutiva renunciaron a la prestación de telefonía celular.

De forma trimestral se hará público el uso de los recursos que recibe el instituto.

Se dará a conocer en febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, en el cual se incluye la revisión de la política de uso de vehículos oficiales. No serán incrementados los montos asignados para cubrir el gasto de gasolina en esos vehículos.

Diputados (aún en promesa). El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, informó que en el Palacio Legislativo de San Lázaro perfilan implementar un plan de austeridad.

Hoy lunes, los integrantes de la Junta se reunirán para definir los alcances de este plan, aunque ya se adelantó que afectará partidas para viajes, vales de gasolina, vales de despensa, autos y reparaciones, entre otros apoyos que reciben los legisladores.

Senado (hoy se concreta). El Senado ya dispuso de medidas en torno a viáticos, combustibles, telefonía, digitalización, edición de libros y servicios profesionales. Si bien el área administrativa deberá concretar las medidas, desde el fin de semana es sabido que hoy se hace el anuncio oficial.

En ese paquete se incluirá también el crecimiento cero en plazas, así como la no adquisición de vehículos nuevos.

Gobierno de la CDMX. Miguel Ángel Mancera dispuso que las flotas de vehículos oficiales dejen de usarse un día a la semana.

Gobiernos Estatales. Los gobernadores estatales también han lanzado propuestas para reducir el impacto por el gasolinazo. Al menos en los 12 estados que se mencionan a continuación, esto comienza a ejecutarse:

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes propuso que haya acuerdo local para reducir el financiamiento público local a partidos políticos y a los gastos de los poderes Judicial y Legislativo, además de su propia administración.

Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, inició un procedimiento similar al de su par hidrocálido.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis decretó el congelamiento de sueldos en su gobierno y analizará las plazas que puedan ser incluso reducidas. Una medida similar es la del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien revisará los salarios de funcionarios para realizar las reducciones.

En Nuevo León se anunciaron medidas de reducción de hasta 20 por ciento en los salarios de sus funcionarios.

Para Colima, Ignacio Peralta reducirá en 20 por ciento el consumo de combustible, en 25 por ciento el gasto en Comunicación Social, eliminará gastos de telefonía celular. Propone también 50 por ciento de reducción en el financiamiento de partidos políticos locales.

Durango cuenta con el plan emergente de José Rosas Aispuro, que contempla el pago de gasolina y celulares con recursos propios para funcionarios de primer y segundo nivel. Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, también decidió una reducción general de sueldos en su gabinete. Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Sinaloa presentaron acciones similares.