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Debido a que ante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 y que muchas personas han dejado de asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva, se estima que en el periodo 2020-2021 se registrarán alrededor de 145 mil 719 embarazos adicionales entre las que se incluyen 21 mil adolescentes gestantes adicionales respecto del año anterior, con base en datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Al respecto, la doctora Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco destacó que la pandemia agudizó aspectos críticos de la política pública en la materia y ha representado un retroceso en los avances logrados en planificación familiar.
El embarazo no planeado y la violencia son dos aspectos que sobresalen en el amplio espectro de consecuencias negativas para las mujeres, además del incremento en la carga de trabajo y de cuidado, profundizando la desigualdad de género, por lo cual la salud pública requiere un carácter interdisciplinario que haga hincapié en la acción colectiva, pues “está demostrado que las iniciativas de cooperación entre los sectores de salud, educación, servicios sociales y justicia son necesarios para resolver problemas que por lo general se consideran netamente médicos”.
